• Aquiles Córdova Morán
Como dije en mi artículo anterior, unas 500 familias oriundas de Valle de Santiago...

 Como dije en mi artículo anterior, unas 500 familias oriundas de Valle de Santiago, Guanajuato, que llevaban más de seis años habitando un predio de propiedad comunal, fueron violentamente expulsadas de sus domicilios por órdenes expresas del gobierno del estado, en un intimidante operativo en que participaron cerca de mil efectivos policiacos fuertemente armados y protegidos con cascos, escudos y chalecos antibalas, a eso de las seis de la mañana del día 16 de julio de 2013. Como resultado del feroz asalto, fueron arrasadas todas las viviendas de los comuneros (muchas de las cuales eran ya construcciones definitivas, con muros de tabicón y techos de concreto, con las debidas instalaciones para los servicios básicos como agua, gas, electricidad y drenaje, que debieron significar un duro esfuerzo económico para sus propietarios); fueron destruidos todos los enseres, ropa, cobijas, muebles, aparatos eléctricos, etc., que había en el interior de las casas y que los asustados y sorprendidos colonos no pudieron poner a salvo, y se llevaron detenidos a 17 comuneros (entre ellos iba la dirigente Antorchista de Valle de Santiago, Soledad Pérez Pérez, mujer valiente y digna que no huyó ni se escondió a la hora del asalto, como es común en estos casos).

    Desde el día de los hechos, las familias desalojadas, que en cuestión de una o dos horas vieron rodar por tierra, brutalmente machacados y demolidos, sus esfuerzos de toda la vida, viven hacinados en un salón de actos que los santiaguenses solidariamente les han facilitado, y un buen número de ellos acampa frente al lote donde habitaron por tantos años, en demanda de que les sea restituida la propiedad y levantadas nuevamente las casas que fueron arrasadas dejándolos en la calle y sin alternativa alguna de vivienda. Por su parte, el antorchismo guanajuatense que encabeza Gualberto Maldonado, ahora firmemente respaldado por la Coordinadora Regional Antorchista (que comprende los estados de Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit y el propio Guanajuato) cuyo dirigente es el Ing. Omar Carreón Abud, ha comenzado a desplegar un plan de lucha cuyas acciones y manifestaciones irán creciendo y variando de acuerdo con la evolución misma del conflicto. Por lo pronto han iniciado protestas públicas en Valle de Santiago, han intensificado la propaganda a escala estatal y regional y refuerzan el plantón de los desalojados de acuerdo con las necesidades del mismo.

    Como primer “resultado” de la protesta organizada de la gente, fueron recibidos por el coordinador de asesores del gobierno del estado, Héctor García Cerrillo, el día 25 de los corrientes, el líder antorchista de Guanajuato, varios miembros de su Comité Estatal y una representación de la Coordinadora Regional. En dicha entrevista no hubo sorpresas: el funcionario se apersonó en la audiencia, y en un tono que quería ser de absoluta firmeza y seguridad, se limitó a leer a los representantes Antorchistas la orden de desalojo dictada, así lo subrayó enfáticamente, por el juez de la causa. El gobierno del estado, añadió en seguida, sólo se limitó a “cumplir la ley”, como “es su deber”, para proteger, en este caso, el legítimo derecho de propiedad de los verdaderos dueños del predio. Respecto a las familias echadas a la calle de manera tan prepotente e inhumana, se limitó a decir que, en coordinación con la autoridad municipal de Valle de Santiago, “ya estamos tomando medidas para ver en qué las podemos ayudar” (¿¿¡¡). ¡Así, tal como suena! Para remachar tal postura, más tarde, el mismo funcionario declaró a los medios que “han” estado recibiendo a los desalojados que se han acercado “a la autoridad” en busca de ayuda y que “ya estamos repartiendo algunas despensas”.  

    Vuelvo hoy sobre el tema porque creo necesario precisar, lo mejor que pueda, la verdadera naturaleza de los hechos y el punto de vista del antorchismo guanajuatense y nacional sobre este caso. En primer lugar, creo mi deber reconocer que es totalmente cierto que el desalojo se efectúo obedeciendo a una orden de juez competente, y que, por tanto, desde este estrecho punto de vista, el gobierno de Guanajuato actuó apegado a derecho. Sin embargo, de aquí no se deduce, ni mucho menos, que el litigio se haya conducido de manera impecable, sin sesgos ni trampas para torcer la ley en favor de los supuestos dueños legítimos del predio; ni que el juez haya tomado en cuenta y valorado correctamente las pruebas y alegatos aportados por la contraparte; es decir, no se deduce que haya quedado plenamente y legalmente demostrado el delito de despojo de que se acusó a los comuneros desalojados. Dicho de otro modo: del hecho de que el brutal desalojo esté legalmente fundado en una orden judicial, no se sigue necesariamente que se trate de una medida verdaderamente justa, apegada no sólo a la letra sino también al espíritu de honradez, equidad y justicia inmanente que alienta en el fondo de toda ley que verdaderamente lo sea.

    No voy a repetir lo que ya dije en mi artículo anterior para sustentar la legítima propiedad de los comuneros y, de paso, la razón que asiste al antorchismo guanajuatense para haberles brindado su apoyo y solidaridad; ya está dicho y escrito y allí queda para quien quiera o necesite echar mano de lo dicho por mí. Ahora quiero, en segundo lugar, poner de relieve la unilateralidad y la parcialidad escandalosas con que razonan los poderosos cuando de defender a los suyos contra el pueblo, se trata. En efecto, el señor Héctor García Cerrillo creyó hacer un razonamiento inatacable cuando, con orden de desalojo en mano, declamó que es obligación de la autoridad hacer respetar la ley y salvaguardar el derecho de propiedad. Sin embargo, se olvidó totalmente de que una vivienda decorosa para cada mexicano es también un derecho consagrado por la ley, por la Constitución General de la República, y, por tanto, que hay una igual obligación de su gobierno de respetarlo y traducirlo en hechos contantes y sonantes. Pregunta: y si es así ¿por qué el gobierno de Guanajuato no se preocupa por el derecho a la vivienda igual que por el derecho de propiedad? ¿Por qué, antes de ejecutar el desalojo, no previó dónde ubicar a los desalojados que dejaría sin techo “en cumplimiento de la ley”? ¿Y por qué ahora, cuando ya está consumado el “cumplimiento” abusivo y parcial del derecho, tampoco ofrece una verdadera solución al problema de fondo y, en vez de ello, se pone a repartir despensas que nadie ha pedido? ¿No es esto querer comprar a los verdaderos despojados con una ridícula dádiva, con una paleta, como si fueran niños de pecho? La explicación es que, para muchos hombres de gobierno, con las consabidas honrosas excepciones, la ley es siempre la ley del embudo: la parte ancha para ellos y sus amigos y el estrecho tubo de salida para el pueblo pobre y desvalido. Por eso estamos como estamos.