y lo cual le costó entre otras cosas que se evidenciaran múltiples violaciones a los derechos humanos en ese periodo, y que hoy más allá de un dolor de cabeza para el actual gobierno ha empezado a marcarle la agenda, y de no atenderse adecuadamente está quizá esto le signifique un fuerte golpe no sólo mediático, sino político.
La primera solicitud hecha por la organización civil “Todos para todos” de activación de la alerta de género por violencia contra las mujeres y trata de personas con fines de explotación sexual en Tlaxcala es un indicador de dicha situación, y que obligó al gobierno de Mariano González a aceptar las nueve recomendaciones derivadas de un trabajo prácticamente nulo para combatir el problema de “trata” en la entidad, pero como ya iba de salida ya no tuvo que hacer algo para acatar dichas recomendaciones.
Por su parte, el gobierno entrante de Marco Mena en los siguientes meses tuvo que integrar a su agenda acciones tendientes a atender las recomendaciones para evitar la activación de la alerta de género lo cual logró pese a que sólo cumplió parcialmente con dichas recomendaciones; y por lo cual muchas ong´s en contra del delito de “trata” calificaron lo hecho por el gobierno estatal de simulación por sólo realizar algunas acciones administrativas, pero no de fondo en el combate a estos flagelos.
De ahí que las reacciones de las ong´s contra el resolutivo del gobierno federal de no activar la Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala no se hicieron esperar, y en estos días cerca de un centenar ya se ha pronunciado al respecto exigiendo acciones objetivas y eficaces para el combate a dichos delitos.
Por su parte, las organizaciones civiles: Colectivo Mujer y Utopía y Justicia Pro Persona respaldadas por alrededor de otras cincuenta organizaciones civiles, ante dicha negativa, presentaron una segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala que dieron a conocer en la Ciudad de México ante medios nacionales, y lo cual podrá obligar al gobierno de Marco Mena a realizar acciones al respecto que deberán ser si el gobierno federal lo establece de fondo y no sólo administrativas.
Y es que en sí la burocracia alrededor de la activación, o no de las alertas de género es algo insultante que no deberían existir; ya que dichos trámites no hacen sino obstaculizar el combate real a la violencia de género y al problema de “trata” cuyos flagelos son una triste realidad en todo el país en menor o mayor grado según la entidad; por lo cual la alerta debería estar activada permanentemente en todo el país destinándose recursos federales y estatales suficientes para un combate real a estos delitos.
Y es que Tlaxcala como es sabido es conocido a nivel nacional e internacional como un lugar de “tratantes”, donde de acuerdo a investigaciones y aportaciones principalmente de ong´s, y algunas instituciones afines se conocen los municipios donde operan las redes de “tratantes”; así como bares, hoteles, moteles y rutas.
El problema es que los únicos que no voltean a ver dicha problemática son las autoridades federales y estatales; ya que no es posible que siendo Tlaxcala conocida en todo el país y a nivel internacional porque en y desde el estado operan redes de “tratantes”, no se haya mínimamente aceptado la activación de la Alerta por Violencia de Género y “trata” con fines de explotación sexual.
Sin embargo, el problema de “trata” en Tlaxcala sólo es uno de muchos que atentan contra la seguridad y violan los derechos humanos de muchos tlaxcaltecas.
Ahí está por ejemplo la grave contaminación del río Atoyac que desemboca en la entidad, y que de acuerdo a numerosos reportes también de ong´s tal contaminación ha provocado una enorme cantidad de afectaciones a la salud de pobladores como casos de cáncer.
Aunado a lo anterior, se ha hecho evidente el aumento indiscriminado de la inseguridad en el estado: asesinatos, asaltos, robo de vehículos y a casa habitación, extorsiones, entre muchos otros, y que la sociedad civil en reiteradas ocasiones ha levantado la voz para quejarse aunque poco o nada ha podido, o querido hacer el gobierno para enfrentar a la delincuencia.
Sólo por recordar un dato que puede ser un indicador de lo que puede suceder en la entidad como se ven las cosas; están los feminicidios en Ciudad Juárez y las mal llamadas muertas de Juárez que se han cometido en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, y que al menos según se ha publicado de 1993 al 2012, el número de mujeres asesinadas ascendió a más de 700.
Cabe mencionar que ante la incapacidad de las autoridades mexicanas estatales y federales para brindar seguridad a las mujeres y niñas de esa zona; así como para esclarecer los delitos; la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a considerar al Estado Mexicano como uno de los principales responsables de estos lamentables hechos.
Y aquí cabe destacar que las acciones que han combatido estos crímenes no los han hecho las autoridades; sino las organizaciones civiles que han brindado apoyo a las madres y en general a las familias víctimas del feminicidio; así como investigar y presionar a las autoridades para que cumplan con su trabajo.
En Tlaxcala parece que se empieza a repetir esa historia donde ante la pasividad de las autoridades federales y estatales siguen desapareciendo mujeres y niñas, y donde las redes de “tratantes” siguen operando a placer; mientras las autoridades ni siquiera han tenido la voluntad para hacer un combate real a estos delitos, y mínimamente activar la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres y por Trata de personas con fines de explotación sexual que no hace sino obligarlas a destinar mayores recursos a esta lucha que no se ve.
Lamentablemente, todo parece indicar que en Tlaxcala como en su momento en Ciudad Juárez el principal responsable de la existencia de estos graves delitos es el Estado Mexicano; y mientras tanto las ong´s y las familias de las víctimas de desaparición, secuestro, trata, o feminicidio en Tlaxcala están enfrentando a los criminales; pero sin los recursos ni armamento ni policía ni ministerios públicos en una lucha desigual e injusta, donde los gobiernos federal y estatal parecen estar del otro lado.