• Adriana Dávila Fernández
En las últimas tres entregas hablamos del Informe de la Comisión intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delios correspondiente al año 2015, que encabeza el Secretario de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong.

 

“El político piensa en la próxima elección;

el estadista, en la próxima generación”

                                                                                                       Otto von Bismarck

                                                   PARTE 3 DE 3

 

En enero de 2017, la presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado de la República, recibió dicho informe, y en cumplimiento a las facultades reglamentarias para analizar los informes que deben presentar los entes públicos obligados, se iniciaron los trabajos técnicos para revisar, contrastar y analizar la información contenida en el documento en mención.

A manera de conclusión, el Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, es deficiente en cuanto al manejo de la información. En particular no hace una evaluación de los resultados de la política pública.

Dicho informe es una simulación que tiene por objeto validar los pobres resultados del gobierno federal y de las entidades federativas para prevenir y sancionar los delitos en la materia.

La actitud de quienes encabeza a dicho órgano es de cinismo ya que a pesar de la evidente falta de resultados y los errores contenidos en el informe, se tuvo el atrevimiento de presentar otro informe en los mismos parámetros y condiciones.

También la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó tres auditorías: Una a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), otra la Procuraduría General de la República (PGR) y una más a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizó diversas observaciones a estas dependencias.

De igual forma, queda demostrado que la Comisión Intersecretarial (SEGOB) es indiferente ante la magnitud del daño causado por la trata de personas en México. Si solamente se describen acciones y no se evalúan los resultados, es difícil tener un acercamiento a la realidad del país en cuanto a la trata de personas se refiere. Este combate no puede ser rehén de la clase política, pues las víctimas de este delito merecen reintegrarse a la sociedad y el Estado mexicano tiene la obligación de brindarles la máxima protección y acceso efectivo a la justicia.

La SEGOB debe entender que este delito se ha potencializado en las últimas décadas y ha alcanzado dimensiones preocupantes, por lo que es de gran importancia que México cumpla con los compromisos nacionales e internacionales, empezando por lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos.

La ley general establece que habrá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas que deberá:

1.- Definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas,

2.- Impulsar y coordinar en toda la república la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar esos delitos,

3.- Inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas, y

4.- Evaluar y rendir cuentas.