• José Vicente Sáiz Tejero
La presión ciudadana venció la resistencia oficialista a que se consulten los archivos gubernamentales

 

El acceso a la información pública y el resguardo de la documentación oficial, piedras angulares del SEA

   Una valoración justa del quehacer de Marco Mena exige considerar el entorno en que accedió al poder   

  El doctor Mauricio Merino reivindicó el pasado martes en Tlaxcala el derecho que tenemos los mexicanos a saber. Sí, amigo lector, así como suena, a saber, a saber cuánto, dónde y cómo se gastan los recursos que le damos al gobierno a través de los impuestos que pagamos para que nos dote de servicios públicos de calidad, nos garantice un medio ambiente limpio y nos procure seguridad y una buena y sabia justicia. Pero para saber necesitamos tener acceso a la información que se genera en los espacios oficiales, información que hasta hace muy poco, o se la destruía o permanecía oculta tras una espesa opacidad que la protegía del escrutinio ciudadano.

Requiem a la opacidad

 Ese oscurantismo arcaico y por definición antidemocrático está, por fortuna, en vías de ser superado. Pero no será merced a un milagro ni a una acción generosa de ningún gobierno; el cambio ocurrió -como todos los cambios- gracias a la insistencia tenaz de ciudadanos y académicos que no quitaron el dedo del renglón hasta lograr una Ley de Transparencia que, hoy por hoy, se la considera entre las más avanzadas. Se trata de una ley que obliga a todas las instituciones que manejan recursos del erario a poner a disposición de quien la busque la información básica que concierne a su funcionamiento, además de la específica que en cada caso se le solicite.

Barreras que salvar

   ¿Termina ahí la tarea? Por supuesto que no. Dos obstáculos hay todavía que salvar para que ese basamento legal de alta calidad del que disponemos sea de utilidad para la sociedad. Esos dos impedimentos a que me refiero son los paredones de una fortificación difícil de penetrar que se fue construyendo a lo largo de mucho tiempo con la más resistente de todas las amalgamas cementantes conocidas: la que resulta de mezclar el miedo, la desconfianza y la ignorancia. En el prólogo de un libro que compendiaba algunos de mis artículos publicados en El Sol de Tlaxcala en el lejano año de 1994, escribí que….

Remembranza oportuna

  …escribí que “…el sistema político que por más de seis décadas ha determinado los destinos de México nunca se preocupó por propiciar la participación ciudadana, en razón, seguramente, de que jamás precisó de ella. El desinterés de la gente -ya se sabe- facilita el ejercicio del poder, la administración de la hacienda pública y el relevo de mandos…”. Y añadí que “…para progresar -no importa bajo qué esquema- México necesita que sus ciudadanos se informen. Y opinen. Y se quejen. Y critiquen. Y propongan.…”. Desde entonces es mucho lo que se ha avanzado, pero hoy, veintitres años después, es preciso admitir que aún faltan dar muchos pasos en la búsqueda de un régimen democrático con justicia y libertad.

Juntos hacia delante

   Vuelvo al tema. El primer reto en materia de acceso a la información pública es que el ciudadano común sepa que le asiste ese derecho, que ya está tutelado por la ley y que, para hacerlo valer, sólo debe conocerlo y saber usarlo. El tema, en apariencia sencillo, dista mucho de serlo. Los mexicanos no estamos entrenados para ello, quizá porque cuando en el pasado lo intentamos no fuimos escuchados, o porque cuando lo exigimos nos intimidaron. Empero, ante una realidad diferente y sin duda más propicia, el esfuerzo ahora hay que dirigirlo a persuadirnos de que, actuando juntos, será posible lograrlo.

La Ley de Archivos

  El segundo desafío tampoco es menor. Radica en conseguir que la documentación pública sea en verdad pública, que esté debidamente resguardada y digitalizada, y a la disposición de la gente a través de consultas realizables de manera sencilla y rápida. Eso es lo que, en apretada síntesis, persigue la Ley General de Archivos por cuya aprobación actualmente se pugna en el Congreso y que, como era de esperarse, está tropezando con innumerables objeciones de los entes interesados en bloquearla y entorpecerla. Las reticencias se entienden; ahí están los datos que podrían revelar a la opinión pública conductas transgresoras de la ley.

Resguardo de la Información

  Es práctica habitual en México que los funcionarios de una administración saliente se lleven o destruyan la documentación que creen podría comprometerlos. Y lo hacen con la certeza de que nadie se los reclamará por la vía judicial. La concatenación de complicidades es su seguridad; el próximo hará lo mismo, y así el que sigue, y el otro, y el otro. La Ley pretende acabar con esa costumbre que funciona como eficaz encubridora de conductas delictivas. Este capítulo, el de los archivos oficiales manipulados, negados o destruidos, es uno de los más negros de nuestro pasado inmediato, y debe cerrarse de manera definitiva si es que de verdad queremos luchar frontalmente contra la corrupción y la impunidad.

Castigo penal y castigo social

  En democracias maduras, cualquiera que oculte, altere o destruya información oficial se expone, además de a ser sujeto de penas severas, a sufrir el descrédito social. Son valores que, por desgracia, no han permeado en nuestra sociedad. Doy un ejemplo: atendiendo un mandato judicial, el presidente estadounidense Richard Nixon entregó cintas que lo inculpaban de espiar al partido demócrata. En la mentalidad mexicana es incomprensible que no quemara las cintas, máxime si estaba en juego verse exhibido ante la sociedad. Nixon se resistió, pero al final cumplió la orden y tuvo que renunciar ante la repulsa generalizada. Aunque su sucesor Gerald Ford lo indultó, el pueblo estadounidense nunca lo absolvió.

Información Pública en Tlaxcala

   La Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley General de Archivos son piezas fundamentales del Sistema Estatal Anticorrupción -SEA por sus siglas-. De su buen funcionamiento dependerá que las nuevas generaciones hagan valer el trabajo hecho por sus predecesoras. Aquí en Tlaxcala, en Marlene Alonso, Francisco Morones y David Cabrera -comisionados del IAIP-Tlax- está el aplicar las disposiciones de ley, poniéndose sin reticencias del lado de la gente a la que las dependencias oficiales les nieguen información. Esa alianza con las organizaciones ciudadanas por la que propugnan ha de soportarse en una actitud que genere confianza en la sociedad.

Trabas para denunciar

  En este punto es oportuno citar la denuncia que el ingeniero Delfino Chamorro hizo pública en días recientes, en relación con un presunto fraude al erario perpetrado durante la pasada administración. Lo que interesa destacar del caso no son las probables irregularidades registradas durante el proceso de adquisición y entrega de varios miles de tabletas electrónicas destinadas a jóvenes estudiantes tlaxcaltecas, sino el largo y sinuoso camino que hubo de seguir el denunciante para documentar su acusación. Ocioso -por obvio- es decir que en el sexenio anterior se topó con todas las puertas cerradas y que, en el actual, sí se las franquearon, si bien con un cierto grado de timidez y reservas que evidencia falta de costumbre. 

El compromiso del gobernador Mena

  Al arranque de su gestión, el gobernador Marco Mena hizo saber que, en caso de detectar anomalías, daría a las instancias pertinentes las facilidades para proceder legalmente. Y apostilló: “…ningún gobierno que busque y tenga como aspiración y norma ser eficaz y honesto debe hacer excepciones al respecto…”. La pasada semana, a nueve meses de iniciada su administración, y en presencia de Francisco Acuña, presidente del INAI, del ya citado doctor Mauricio Merino, y de miembros de los tres poderes del estado y de los tres niveles de gobierno, invitó a los presentes a adoptar “…una práctica cotidiana que haga efectivo el principio de la transparencia...”.

Invitación a creer

  Y dijo más el mandatario: “…conocemos ya la ruta, sabemos cuáles son las reglas y reconocimos los valores; ahora lo que tenemos que hacer es andar ese camino, asumir esos valores, practicar esos requisitos y hacer que todo ese trabajo sirva a la ciudadanía, que todos los sujetos obligados sean transparentes y que esa información le sirva a la gente para estar enterada, para tomar decisiones y para realizar análisis en los diferentes ámbitos de su desempeño. En suma, para ser una sociedad democrática…”. Sólo falta que todos, absolutamente todos, gobernantes y gobernados, lo creamos y, entonces, empecemos a actuar en consecuencia.

Confianza

  Hasta los cambios poco trascendentes son complicados de hacerlos realidad. Los más ambiciosos, los que representan una modificación sustantiva en costumbres y modos de ser y actuar de las personas y de los gobiernos demandan tiempo, talento, sutileza y tenacidad hasta lograr su implantación definitiva. La complejidad se acentúa cuando el implementador del nuevo esquema, fundado en la legalidad y el orden, llega al poder con compromisos que cumplir y rodeado de gente que nació, creció y se desarrolló en un sistema que premiaba lo contrario. No obstante, y aún a sabiendas de que las inercias del pasado son difíciles de vencer, de mi parte sigo firme en la creencia de que Marco Mena será el parteaguas a partir del cual la corrupción en Tlaxcala comenzará a ceder.

 

Para la Primera Plana

 

Aún a sabiendas de que las inercias del pasado son difíciles de vencer y de que llegó al poder con compromisos que cumplir y rodeado de gente que nació, creció y se desarrolló en un sistema que premiaba la simulación y la opacidad, de mi parte sigo firme en la creencia que Marco Mena favorecerá la transparencia y se enfrentará decididamente a la corrupción.