A diferencia de lo ocurrido en 1985 la sociedad se encuentra más informada y preparada ante esta clase de fenómenos naturales que ha permitido salvar un mayor número de vidas, sin embargo no todo ha resultado como se esperaba, la corrupción, la indiferencia y sobre todo la negligencia sigue cobrando factura a la sociedad a través de los que menos tienen, derrumbes en espacios públicos como escuelas y zonas departamentales lo demuestran.
Pese a ello, nuestra sociedad ha dado muestras que ante la desgracia los mexicanos somos capaces de olvidar clases sociales así como diferencias políticas, religiosas, académicas, laborales, etcétera y volcarnos para dar la mano a quienes lo han perdido todo, ya sea a través de las labores de rescate, donaciones, o en la prestación de algún servicio, lo que demuestra nuestra hermandad y sentido altruista que refuerzan nuestra identidad como Nación.
Igualmente surgieron voces que exigen a los partidos políticos donar sus recursos a la reconstrucción de los Estados afectados, exigencias legitimas ya que el recurso destinado a prerrogativas es público, tal y como lo es el destinado a los programas sociales o a la inversión en educación y obra pública, sumado a que el manejo realizado por los partidos políticos no ha dejado satisfechos a los ciudadanos.
En el PAN hemos fijado la postura a través del Presidente Nacional Ricardo Anaya, que deben destinarse recursos de partidos y campañas para apoyar a los damnificados y debe hacerse sin lucro político. Por ello, resulta importante que en el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda se tomen las medidas correspondientes, a efecto de garantizar la reasignación de este presupuesto a las partidas que ya existen destinadas a la reparación del daño por desastres naturales.
Esta propuesta no es nueva, basta recordar que desde el 3 de septiembre de 2015 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ya existe la correspondiente iniciativa del PAN para reducir el financiamiento de los partidos políticos y destinar estos recursos para atender los asuntos prioritarios del país, como salud, empleo, desastres naturales y educación.
De esta manera los partidos deberán sobrevivir de las aportaciones voluntarias de los militantes y simpatizantes de cada instituto político y no con recursos provenientes de los impuestos ciudadanos, además de implementar un estricto control financiero que impida la procedencia ilícita de recursos.
Dicha iniciativa también contempla eliminar el financiamiento que los Organismos Públicos Locales Electorales (como el ITE en Tlaxcala) otorgan a los partidos políticos, en el entendido de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya destina recursos para este concepto, con lo que se duplica el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos, es decir, reciben dinero por partida doble.
Lamentablemente tuvo que pasar una desgracia como los recientes sismos para que el tema recobrara la importancia que merece y por fin, sean atendidas las exigencias ciudadanas que piden menos dinero a partidos políticos y más a asuntos prioritarios del país. La austeridad no se logra a través de medidas populistas y electoreras que algunos predican para fomentar el odio de los ciudadanos a la clase política y, que de aplicarse de manera tan temeraria frenarían el crecimiento económico del país.
Acción Nacional seguirá luchando contra el derroche de recursos públicos a través de propuestas serias y responsables, mediante un programa que incluya eliminar los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios, viáticos, celulares, gasolina y gastos de publicidad gubernamental salvo los relacionados con salud, turismo y protección civil, así como la eliminación de otras partidas que representen privilegios solo para unos cuantos.