• Enrique Gasga Ventura
Uno de los peores enemigos del gobierno en todo el país, y con mucha agresividad en los últimos años de Tlaxcala, es el drástico aumento de la inseguridad;

 en que en el caso de la entidad tlaxcalteca la incompetencia del ex gobernador Mariano González ante la irrupción del crimen organizado en su sexenio, y la falta de orden y perfil de quienes han presidido la Secretaría de gobierno (Segob), y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en este sexenio; prácticamente reventaron la paz que por décadas hubo en la entidad.

Y hoy ante el grado de violencia que se vive en el estado, ya no es posible tener tan débiles dependencias de seguridad, ni personajes improvisados en dichos puestos clave, no para simular, sino para combatir a los criminales.

Sólo por citar unos ejemplos que expresé hace algunas semanas sobre la grave situación de inseguridad que se vive en Tlaxcala según datos del Sistema Nacional de Seguridad en el año 2017, están:

Que el Semáforo Delictivo Nacional mostró que de enero a agosto de 2017 en cuanto a “Ejecuciones de Crimen Organizado”, Tlaxcala superó en este delito al Edomex y a la CDMX además de a otros nueve estados a saber: Chiapas, Campeche, Puebla, Jalisco Aguascalientes, Sonora, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

En cuanto a secuestros Tlaxcala apareció nuevamente sobre la CDMX con una tasa de 0.3 por cada cien mil habitantes superior a la CDMX que apenas llegó al 0.2, y aparece por encima de otras trece entidades en este delito.

En cuanto a robo a vehículo Tlaxcala aparece con 79 vehículos robados por encima de 21 entidades entre ellas Puebla que llevaba 77, Tamaulipas con 64, CDMX con 63, Nuevo León con 44, incluso por encima de Veracruz que en este periodo llevaba 52, entre otros estados.

Además, Tlaxcala ocupó también lugares altos en incidencia delictiva en robo a casa habitación, robo a negocio, entre otros; eso sin contar la fuerte presencia de tratantes como se ha señalado a nivel internacional.

Sin embargo, y ante tal escenario en gran manera heredado por el gobierno de González Zarur; resulta lamentable que en puestos tan importantes para la seguridad, el actual gobernador Marco Mena haya preferido dar la titularidad de estos puestos a personajes sin un perfil acorde a las imperiosas necesidades de seguridad en la entidad; y haya optado por poner a sus amigos, o personajes por compromisos políticos que ni idea tienen del daño que su inexperiencia ha seguido provocando en Tlaxcala como lo muestra la violencia imparable que hay.

Apenas en poco más de un año del actual gobierno, en la Segob encargada de la política interior, y la parte más delicada de la seguridad del estado, es significativo que con Tito Cervantes ya sean tres titulares en este puesto, lo cual crea inestabilidad; además es un hecho que por el corto tiempo que los dos primeros titulares que estuvieron al frente de esta dependencia, ni siquiera pudieran establecer un plan para combatir al crimen en la entidad.

En el caso de la PGJE está pasando algo similar donde dados los pésimos resultados en la procuración de justicia, Tito Cervantes dejó en claro que no llenaba los requerimientos ni la energía para una responsabilidad de esta magnitud; y sin embargo hoy el gobernador lo nombra como el tercer titular de la Segob apenas en poco más de 12 meses de su gobierno.

El combate al crimen organizado, y no organizado en la entidad, es algo urgente; de ahí que al no mirarse perfiles adecuados para dichos cargos en el PRI, o entre sus amigos, Marco Mena debería echar mano de personajes externos a su partido, y a él; pero que garantizaran un trabajo real, sin simulaciones a la procuración de justicia, y a la secretaría de gobierno; ya que la situación de inseguridad que se vive ya no debe crecer más.

A finales de 2016, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española que integra a los expertos más destacados de todo el mundo en la materia del Derecho, reconoció al destacado investigador, y ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), el Doctor en Derecho, Serafín Ortiz Ortiz como “Académico de Honor”, que es uno de los pocos puestos ostentados por juristas iberoamericanos, y de todo el mundo, y lo cual se suma a muchos otros galardones recibidos.

En este sentido, el trabajo de Serafín Ortiz no se ha limitado a la academia; sino que estuvo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); ha sido diputado en el estado de Tlaxcala, y actualmente en el terreno de la política está al frente de la presidencia del Partido Alianza Ciudadana (PAC), en la entidad; además de otros puestos; ante esto se puede decir que cuenta con el carácter para dirigir, y el perfil para puestos de nivel nacional e internacional tanto en la academia como en la política.

Y ante la situación de inseguridad que ha rebasado enormemente a las autoridades estatales; lo menos que pueden hacer es designar a personas con amplia experiencia con un perfil idóneo para las tareas de seguridad en la entidad; eso es lo que reclaman muchas familias de un escandaloso número de víctimas de diferentes delitos; muchas de ellas asesinadas, o desaparecidas.

En este sentido, Serafín Ortiz, evidentemente no es el único perfil que puede ostentar un puesto como el de Procurador del Estado, o al frente de la Segob; pero en la cercanía no se mira un perfil que al menos se acerque al del académico y político en el estado.

Sin embargo, y lamentablemente hay muchos obstáculos ante esta posibilidad: en primer lugar Serafín Ortiz es un claro opositor a la política priista de gobierno; y la distancia con el gobierno priista en la entidad es muy amplia; de ahí que sería casi imposible que aceptara trabajar con quienes han contribuido al terrible clima de inseguridad en Tlaxcala, y en todo México.

De cualquier manera, y salvo su mejor opinión, Serafín Ortiz representa de acuerdo a su trayectoria una posibilidad interesante de ostentar cualquiera de dichos cargos.

Pero resulta lamentable que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no dimensione la magnitud del problema que tiene en sus manos; y le siga ganando su formación priista que acostumbra anteponer al bien común y la seguridad de los ciudadanos; los intereses de partido; es decir los de ostentar el poder a cualquier precio; aunque el costo sigan siendo cientos de vidas de tlaxcaltecas inocentes a manos de la delincuencia.