Cuando me enteré de este Foro denominado “PROCESO REGIONAL DE ESCUCHA TLAXCALA-PUEBLA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” me quedó claro que habría un sin fin de propuestas científicas, técnicas y magistralmente elaboradas. En lo particular, me propuse sugerir una propuesta simple, una idea sencilla, tan clara como el agua: La aplicación de la Norma hace prevalecer el Imperio de la Ley y como consecuencia el Estado de Derecho. La no aplicación de la Norma genera impunidad, esta se deriva de la corrupción y ambas generan el Caos en toda su maleficencia.
Ya lo dijo nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador en una máxima: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", y es así de simple. El licenciado Benito Juárez nos lego 4 apotegmas: “El respeto al Derecho ajeno es la Paz”, también dijo que: “El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley; la felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley; sólo debe distinguir al mérito y a la virtud para recompensarlos; y al crimen para procurar su castigo”. También expresó “Tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder y no de trajes ni de aparatos militares propios sólo para los reyes de teatro”, eso nos dejó expuesto el Benemérito de las Américas hace más de siglo y medio.
Desafortunadamente, en las últimas décadas México ha sido un país de muchas leyes, pero de nulo Estado de Derecho. México es unos de los países que más leyes tienen en el mundo, pero un país con demasiadas leyes es un país sumergido en el Caos de origen y de fin. Como en México que con la falsa formula de “redactar una nueva norma para respaldar una ya existente”, se ha caído en la retorica destructiva.
Un país con pocas leyes es una país prospero, pues en un país con reducidas leyes, estás se aplican con éxito, pero en México para “justificar” un “trabajo”, que ha sido más que mediocre, presidentes, legisladores, entre muchos otros servidores públicos, nos han legado un país tan “NORMADO” que esta sumido en una tragedia nacional de inseguridad, consecuencias de sus resultados nefastos, se han elaborado –para justificar la chamba- un sin número de leyes, que su nula aplicación, han sumido al país en la injusticia, la arbitrariedad, la corrupción, la impunidad, que más bien han sido leyes que les ha dejado jugosas ganancias a los políticos en turno.
Recordemos que nuestra Constitución de 1917 ha tenido casi 700 reformas, es decir, de los 136 artículos contenidos en el texto original, sólo 22 se mantienen intactos. En total se han realizado 229 decretos de reformas a la Constitución para un total de 699 cambios. Y la mayoría de estos cambios se dieron después de los gobiernos que sucedieron a Luis Echeverría, a partir de ahí se devino la etapa caótica del México contemporáneo. Imagínense si la “Ley Suprema” ha sufrido cambios dramáticos ni hablar de las leyes Federales o Estatales todo un zoológico jurídico y a la vez todo un elefante blanco.
En nuestro país, la ley ya no goza de respetabilidad entre un amplio sector de la ciudadanía. Y la no aplicación de las leyes ha tenido graves costos para el país y para los mexicanos, y aunado a la corrupción y a la impunidad ha desatado toda clase de actos al margen de la ley como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, trafico de inmigrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzados, narcotráfico, entre muchos otros.
Max Kaiser, director de la organización de investigación ‘Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)’, dijo que: “Décadas de impunidad han generado un nivel de descaro y de ridiculez que nunca hemos visto en México”.
En México, la mayoría de los casos donde están involucrados personajes de la política, en el mejor de los casos solo se llega a la denuncia o la orden de aprehensión, y ya en el proceso judicial es en donde se presentan los casos de corrupción e impunidad y en otros casos desde los ministerios públicos, se integra mal o a modo una averiguación previa o la carpeta de investigación para beneficiar al que comité un acto ilícito, previo un acto de corrupción e enriquecimiento ilícito. Y digo que en el mejor de los casos, porque en el peor, pues es el asesinato del periodista que da a conocer el acto de corrupción del servidor público, asesinato que queda impune para colmo.
Los gobernantes en México saben el alto grado de impunidad que impera y por ello cometen actos ilícitos y son un mal ejemplo para el ciudadano común que no solo ha imitado los malos actos de los gobernantes sino que, desafortunadamente, hasta los han superado, al grado de crear toda un red de complicidades.
México ocupa los “gloriosos” primeros lugares en casi todo lo negativo, en homicidios contra comunicadores, contra sacerdotes, ambientalistas, mujeres, contra luchadores sociales, etc. Somos el primer lugar en maltrato a los animales, al ecosistema, en abuso y pornografía infantil, en trata de personas, en suicidios, en corrupción, en impunidad, bueno en violencia estamos casi a la par de países como Irak, Afganistán o Siria en épocas de guerra. Somos el primer lugar en todos los males, no está errado quien afirma, que quien vive en México: vive en el infierno.
En el Decimo Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizado por la UNAM los académicos ahí reunidos concluyeron que “el hecho de tener una gran cantidad de leyes no es garantía de que se cumplan en la realidad, pero ante la falta de resultados concretos en este terreno muchos gobiernos han optado por ofrecer ilusiones normativas, que a final de cuentas generan decepción entre los ciudadanos y pueden fortalecer discursos autoritarios”, lo que comenté con anterioridad, “justificar” la demagogia.
Francisca Pou Jiménez, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, calificó de “falacia pensar que la existencia de muchas normas es sinónimo de que las leyes se obedecen o que hay más justicia en un país, como lo comprueba la vigencia en la Constitución de mecanismos regresivos como el arraigo”.
Ella manifestó que “con sus pros y contras, la Constitución mexicana es muy garantista. El problema es de eficacia, pero la solución no es hacer más leyes, sino pensar qué hacemos con las que tenemos. Hemos hecho muchas reglas sin pensar bien para qué sirven”, pero reivindicó la necesidad de utilizar las normas actuales pese a que los juicios resulten latosos, caros y complejos.
Por su parte, el jurista argentino Néstor Pedro Sagüés consideró que cuando los gobiernos no pueden garantizar una procuración de justicia adecuada y real, optan por la farsa de presumir la buena redacción de leyes. Este jurista agregó que “Cuando no pueden ofrecer realidades, ofrecen normas en una vitrina. ‘Miren qué hermoso código tenemos’ o ‘esto ya está resuelto por la ley tal’. ¡Mentira! Hay países donde a falta de realidades se ofrecen ilusiones normativas”.
Para resolver esta situación es inútil declarar nuevas leyes o sanciones, ya que éstas también van a ser incumplidas. Lo que se requiere es un cambio de mentalidad colectiva para asumir algo muy sencillo: las normas deben cumplirse. Pero también se requiere voluntad política y la pregunta es: ¿el gobierno quiere que las leyes realmente se cumplan o no?
La ley en México ha sido un jugoso negocio al amparo de la impunidad, dentro de un círculo vicioso en donde la autoridad es la piedra angular.
Nuevos retos se avecinan, ya lo dijo nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", y yo le creo, si nuestro primer mandatario le teme y respeta el Imperio de la Ley, como cascada cualquier funcionario de primer, segundo o tercer nivel de los 3 ordenes de gobierno y hasta el más cruel de los criminales le temerá y respetará. Pregonar con el ejemplo, por parte del presidente hará que los políticos y servidores públicos de todos los niveles se sometan a los mandamientos de nuestro sistema jurídico, pues es bien sabido que detrás de los delincuentes hay servidores públicos involucrados, eso ya no es un secreto.
Finalizo diciendo que se necesita la pronta aplicación irrestricta de la LEY, hecho que no ha sucedido, al menos, en los últimos 50 años y ahí están las consecuencias catastróficas, vivimos como dijera ex gobernador tlaxcalteca José Antonio Álvarez Lima en una de sus columnas, en un “caótico desmadre mexicano”.
Muchas gracias.