En nuestra sociedad mexicana aún no se ha comprendido el alcance de ellas y se suele identificar falsamente como un obsequio del Estado. Esto no es así. Aunque el tema es complejo sí se puede ejemplificar con una situación muy sencilla. Imaginemos que dos niñas recorrerán una distancia de dos kilómetros. Una de ellas llevará una bicicleta y la otra irá corriendo. Es indudable que la de la bicicleta tiene muchísimas más posibilidades de triunfar. En consecuencia, la competencia es una farsa, pues no compite talento frente a talento; lo que está compitiendo es ventaja frente a desventaja. Una medida afirmativa lo que promoverá será que la otra niña también tenga bicicleta. No definirá el triunfo, solo proporcionará la herramienta idónea para que pueda competir en igualdad de oportunidades y sea verdaderamente el talento quien defina el resultado final.
En materia electoral, las acciones afirmativas han adquirido diversos rostros pues se ha estado luchando por la inclusión de la minoría, por el reconocimiento de la pluralidad, pero sin duda el más claro ejemplo ha sido el de reconocer cuotas de género. Estas cuotas no son para nada un regalo. Se trata de incluir a la mujer y dotarle de igualdad de herramientas para que ponga en marcha su talento. No se le facilita el triunfo, solo se elimina la discriminación y violencia que se ha ejercido en contra de ella. Aunque aún falta mucho camino por recorrer, el reconocimiento a la cuota de género es sin duda un primer paso para el mejoramiento de nuestra democracia. Sin embargo, hay un área que en materia electoral aun no logra dar un paso más. Se trata del relacionado con la población indígena. Y a propósito de la elección de personas que desempeñarán una magistratura electoral local, vale la pena enfatizar sobre este punto.
Con fecha 11 de septiembre del año 2018, el Senado de la Republica emitió la convocatoria para el nombramiento de hombres y mujeres para ocupar un cargo de magistratura electoral local en los estados de Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quinta Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. En la mayor parte de estas entidades federativas la población indígena es alta y sin embargo no se prevé un mecanismo de acción afirmativa para asegurar la inclusión de las y los indígenas no solo en el proceso de elección sino en el mismo resultado final. Es decir, una persona indígena puede participar (puede correr, pero sin bicicleta) y no se previó en la convocatoria un mecanismo para asegurar que la persona indígena fuera evaluada en su contexto y en consecuencia se le dote de las mismas oportunidades. Ante esta situación, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de diputados en la LXIV legislatura, consiente de la importancia del tema, decidió hacer una carta-sugerencia al presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, en los siguientes términos “en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente sugiero a esa Soberanía, que para la designación de los precitados Magistrados, se considere además de los requisitos de experiencia jurisdiccional electoral, perfil profesional en el área jurídica, el de perspectiva intercultural esto es que, si en el Estado en el cual pretenden ser magistrados, éste tiene mediana, eminente o alta población indígena, sea preferido un profesional del derecho que se autoadscriba a cualquiera de los pueblos indígenas en él asentado”.
Sin duda es un acierto de la Presidenta de la Comisión. Y no era para menos. Irma Juan Carlos, Presidenta de dicha Comisión, es una mujer indígena con la sensibilidad, la formación y la entrega para con los pueblos indígenas. Ella es chinanteca (Oaxaca) y es licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan, ha colaborado con el canal 22 y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en un programa que promovió la conservación de los recursos naturales y la diversidad biocultural. Fue Vicepresidenta del Comité Estudiantil en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Turrialba, Costa Rica; tiene una maestría por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Turrialba, Costa Rica.
Irma, es una diputada que ha comenzado su carrera legislativa con un acierto: el de señalar que en México ya es tiempo de que se reconozca a la primera o quizás las primeras magistraturas electorales indígenas nombradas por el Senado de la República.