El senador del grupo parlamentario de Morena Salomón Jara dijo que propondría reformar el artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores, con el fin de revocar el permiso de operación a las calificadoras que atenten deliberadamente contra la estabilidad financiera, presionen o chantajeen al gobierno de la 4T con calificaciones negativas.
Jara recordó así la figura predilecta de los gobiernos totalitarios: la expropiación.
Evidentemente, el senador no hizo más que poner en papel lo que Andrés Manuel López Obrador tiene pensado hacer con todas aquellas empresas, bancos u organismos financieros que desacrediten las medidas adoptadas por su gobierno.
Así como hoy está en la mira Standard & Poor´s por haber bajado la calificación de estable a negativa a Pemex, mañana los enemigos a vencer pueden ser los bancos por no acatar la reforma al sistema financiero que, por cierto, ya está en puerta, o las constructoras y cementeras al ser acusadas de especular con la vivienda social.
La iniciativa del senador Jara, independientemente de que su grupo la haya echado para atrás, es un adelanto, un anuncio de lo que puede llegar a hacer el gobierno lopezobradorista en caso de que las finanzas públicas sigan deteriorándose.
Cuando la economía no crezca al 4 por ciento como lo ha ofrecido —y en lo que ha comprometido públicamente al sector empresarial—, culpará, como ya es su costumbre, a otros.
Así como Hugo Chávez acusó al sector productivo de Venezuela de ser un obstáculo para su proyecto socialista, López Obrador va a responsabilizar de la crisis a la iniciativa privada, a esa “minoría rapaz”, de impedir la cuarta transformación.
¿Qué hizo Chávez? En diez años expropió mil 200 empresas. Intervino lo mismo el sector de la construcción que el agroindustrial, petrolero, eléctrico; firmas relacionadas con telecomunicaciones, supermercados, textileras, laboratorios farmacéuticos, etcétera.
Los argumentos que utilizó Chávez para castigar las empresas son similares a los que se escuchan en “las mañaneras” y en los eventos donde abuchean a los gobernadores: se trata de “acabar con la corrupción, el abuso y la explotación”, “de garantizar la soberanía y seguridad del país”, argumentos similares con los que se justificó en México el cierre de ductos.
Palabras a las que recurrió también el líder de la llamada Revolución Bolivariana cuando expropió una importante empresa de lácteos llamada Los Andes en 2008 y anunció la nacionalización de la industria cementera, la que incluyó, por cierto, la expropiación de Cemex. “Se trata —dijo Chávez— de garantizar la industria alimentaria y la construcción social en el país”.
Cabe destacar que el gobierno socialista de Venezuela comenzó al igual que el gobierno de López Obrador con problemas para administrar la economía. “Chávez cerró su primer año de gobierno en 1999 con una caída de 6 por ciento en el PIB”.
De igual forma, diferentes indicadores prevén que ciertas decisiones tomadas por la 4T, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el desabasto de gasolina y el plan fallido para rescatar Pemex —como lo hicieron ver Fitch, JP Morgan, Citi y BBVA—, sumadas a la incertidumbre mundial, reducirá los pronósticos de crecimiento.
El único que se ha atrevido a pronunciar con todas sus letras la palabra “expropiación” es el escritor Paco Ignacio Taibo II . Lo hizo en aquella conferencia celebrada en abril de 2018, donde le pide al entonces candidato a la presidencia López Obrador “expropiar aquellas empresas que lo quieran chantajear”.
En esa ocasión regañaron a Taibo. Se ausentó de las pantallas y los micrófonos durante el resto de la campaña para no dar entrevistas. El pecado del hoy director del Fondo de Cultura no radicó en haber dicho una mentira, sino en salir políticamente a destiempo.
Sus dichos pudieron haber tirado las máscaras a un proyecto claramente autoritario y espantado a los electores.
Sin embargo, tal parece que al senador Jara ya le habían dado la orden de ventilar ciertas medidas para comenzar a tener el control absoluto de la economía y de los empresarios. Ya se arrepintieron, pero en cualquier momento pueden volver a intentarlo.
En la exposición de motivos para reformar el Artículo 340 de la Ley de Mercado de Valores y regular a calificadoras tipo Standard & Poor´s, ya aparece la palabra “chantaje” como una de las razones suficientes para echarlas del país e impedir que vengan a desestabilizar con argumentos y sugerencias mal vistas por el gobierno.
¿Quiénes son esos otros que van a comenzar a ser señalados como enemigos del régimen? ¿Los bancos, para que dejen de especular?; ¿los medios de comunicación, para que dejen de mentir?; ¿se impondrá un control de cambios para impedir la fuga de divisas?; ¿se decidirá caprichosamente la emisión de moneda para financiar, a falta de recursos, el gasto público?
Cada día —y ya van cien— se ven con más claridad las fauces de un régimen totalitario.