• Pedro Morales
Los ya en vías de extinción “luchadores sociales en Tlaxcala”, no paran de señalar que “la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual ya forma parte de una de las etapas de mayor violencia en la historia de México, de la cual no escapa el estado de Tlaxcala”.

 

Sobre el tema, representantes del Centro Fray Julián Garcés refrendaron su exigencia para detener la sistemática simulación y resolver definitivamente la problemática de la trata de mujeres.

El Centro Fray Julián Garcés detalla que ha acompañado los procesos de comités de Derechos Humanos, grupos de Pastoral Social Parroquiales, organizaciones impulsoras de la Iniciativa Popular y la Red de Jóvenes hacia la Igualdad de Género en la capacitación y organización para la prevención, la denuncia pública e incidencia frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como la reflexión colectiva en torno a las exigencias que conduzcan a la erradicación de estas prácticas.

Parte importante del proceso de la campaña “Nos queremos libres de trata”, fue la actualización del diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, el cual arrojó, entre otros, los siguientes resultados:

1.- 92.4% de las personas encuestadas reconocieron saber que en el estado de Tlaxcala se explota sexualmente a mujeres y niñas o se las lleva a otros estados para ser explotadas.

2.- Respecto al conocimiento de la población en torno a los municipios donde consideran que existe alguna actividad relacionada con la trata, los encuestados mencionaron 40 municipios; 17 municipios más de los reportados en el diagnóstico realizado por la luchadora social Patricia Olamendi Torres, desde el 2008.

3.- 43.5% de las personas encuestadas consideran que en su municipio de residencia ha aumentado la existencia de bares, centros nocturnos, moteles, casas de citas, cantinas, sitios de explotación a pie de carretera, casas de vecinos, restaurantes, tiendas u otros, donde obligan a prostituirse a mujeres y niñas.

Por todo ello, las exigencias del Centro Fray Julián Garcés junto con todas las organizaciones comunitarias, parroquiales y de derechos humanos a las que acompaña, es la implementación del Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual. Así como la implementación de un Programa Educativo de Prevención de la Trata en el sector educativo.

También hicieron un llamado a la Conavim para que el seguimiento a las acciones de las observaciones, sea lo suficientemente efectivo ante la problemática, pues hasta ahora ha sido poco efectivo.

Se puso de manifiesto “que el sistema proxeneta representa la disolución de la comunidad”, puesto que este sistema, originado en la violencia sistemática y cotidiana contra la dignidad de las mujeres.

Las reduce a objetos funcionales que pueden ser comprados y vendidos en el mercado, por lo que debe ser considerada como violencia sexual feminicida y crimen de lesa humanidad.

Igualmente se mencionó que la prevención de la trata de mujeres y niñas y la violencia sexual feminicida deben ser considerados problemas estructurales, cuya solución no está sólo en manos de las comunidades, sino también del Estado, donde recae la mayor responsabilidad.

Añadieron los luchadores sociales que la mayor huella de la trata no está en el cautiverio de la mujeres y niñas que son explotadas, sino en los efectos que esta práctica deja en sus cuerpos, sus mentes y sus relaciones cotidianas.

Por lo que ahora con el nuevo gobierno federal y la suma anunciada en el combate a la trata por el gobierno de Marco Mena y con el apoyo de la Guardia Nacional y hasta el Ejército, con su presencia en los 40 municipios contaminados, se inicie una “Operación Marabunta” con miles de ojos que abran sus bocas, para denunciar a tratantes y pedófilos.

Advirtieron que en las colonias, pueblos y comunidades se debe fincar la denuncia persistente, para que directamente o de manera anónima las mujeres y los hombres tlaxcaltecas señalen donde se ubican los deleznables centros de explotación de mujeres principalmente.

Porque solo con la participación de los ciudadanos se puede evitar que mes con mes se engrosen las filas de los tratantes de personas con nuestras mujeres y que se realicen redadas cada fin de semana, para revisar el estatus de los antros, de bares, centros nocturnos, moteles, casas de citas, cantinas, sitios de explotación a pie de carretera, casas de vecinos, restaurantes, y negocios encubiertos con otras actividades principalmente.

También se lanzó la convocatoria para el ejercicio de una nueva solidaridad como responsabilidad compartida al interior de las comunidades, como única alternativa colectiva real para disminuir y erradicar a esta llamada … moderna esclavitud.

Sobre el tema, lo más nuevo son las recientes acciones  de seguridad sobre el la trata de personas parecen indicar que Tlaxcala cuenta con graves antecedentes, desde hace años, ya se acusan los efectos de la llamada 4-T del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace cuatro días, el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena externó su compromiso porque la administración estatal sea responsable y sensible para atender la problemática de trata de personas y así reducir el delito a su más mínima expresión.

Era el inicio del foro “Estrategias para la Garantía de los Derechos Humanos en Materia de Trata de Personas, donde el titular del Ejecutivo estatal dio a conocer las acciones que el gobierno local ha establecido para atender este delito que lastima a la sociedad en general, no únicamente a las víctimas.

Anunció la creación y operación actual del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que busca generar en conjunto con organizaciones públicas y de la sociedad civil, entornos más seguros para las mujeres y las eventuales víctimas de ese delito.

Reconoció que si bien el delito de trata de personas es un problema que afecta a nivel general, también hay que darle su justa dimensión en torno a las acciones que se han emprendido para erradicarlo.

“No queremos evadir responsabilidad ni minimizar el problema, pero así como buscamos cada vez más esforzarnos en erradicarlo, también deseamos que se aprecie en su magnitud e importancia correcta en otros lugares del país, para generar una perspectiva más balanceada”.

Por  cierto, en este inicio de foro destacó la asistencia de un embajador directo del gobierno de la 4-T, el experredista Alejandro Encinas Rodríguez, en su papel de  subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En su arenga dijo que  el estado de Tlaxcala se encuentra en una etapa muy importante y que tendrá un papel trascendente en el desarrollo del país., ya que el combate de este delito conlleva toda la energía de las instituciones del país para enfrentar uno de los crímenes que se ha convertido en la cabeza de la pirámide delictiva, incluso por encima del tráfico de drogas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que analiza el caso de la malla colocada en la Colonia Ferrocarrilera de Apizaco, para impedir el paso de migrantes.

El experredista Encinas, fue informado de la supuesta violación a los derechos humanos de migrantes por vecinos y el edil panista de Apizaco quien autorizó la colocación de una malla de protección para un grupo de familias que viven en las inmediaciones del albergue “La Sagrada Familia”.

La medida extrema fue autorizada debido a que desde hace más de doce años las familias que viven en las inmediaciones de .la estación del ferrocarril son victimas un día si y el otro también de robos de sus pertenencias y hasta en el interior de sus hogares.

Además del acoso cotidiano a madres de familia y sus hijas, hasta llegar a una situación que ya no se aguanta, ya que en las oleadas de migrantes centroamericanos viene de todo, y se debe tomar en cuenta que en estas oleadas llegan delincuentes peligrosos y las familias de esa zona se encuentran a su merced.

Es claro que donde acaban los derechos humanos de los migrantes, sin duda comienzan los derechos de las familias apizaquenses que son agredidas diariamente y viven en la zozobra, en su país y lo más grave en el lugar donde han labrado un futuro.

Nadie tiene derecho a ser molestado día y noche por estos ciudadanos que van de paso, pero de día y de noche se les pide y hasta exige un taco o una moneda y muchas veces si no se les apoya se llevan lo que pueden.

Para cualquier padre de familia es inadmisible que hombres extraños a nuestro país acosen y le falten el respeto a sus esposas e hijas que ante el acoso de estos hombres ya no pueden salir a la calle, ni los niños pueden salir a jugar con libertad en su calle.

Es una lástima que “luchadores sociales” quieran llamar la atención y jalar reflectores, al decir que con una malla ciclónica se impida el libre tránsito de los indocumentados, nada más falso.

Para no ir más lejos, el tal Encinas debería de venir a vivirse tan solo una semana en alguna de las casas que se han protegido, para que constante en donde esta la violación de los derechos humanos de los migrantes a ver si así entiende el fundado temor de estas… FAMILIAS TLAXCALTECAS.