¡¡La mal llamada “Ley Garrote”, una legislación que debería aplicarse en todo el país!!

  • Reyes Ruiz Peña
La verdad no peca pero…

 

 

En los últimos días, la aprobación de una reforma al Código Penal de Tabasco -con la que se establecen penas de hasta 20 años de prisión para quienes extorsionen a empresas públicas o privadas y obstaculicen obras– ha generado un intenso debate en el plano nacional, del que MUCHOS OPORTUNISTAS INTENTAN SACAR RAJA POLÍTICA.

Con argumentos sólidos y congruencia ética, algunos han criticado los posibles riesgos que la mencionada reforma tiene debido a que podría convertirse en un instrumento para atentar contra libertades fundamentales consagradas tanto en nuestra Carta Magna como en Tratados Internacionales.

Sin embargo, otros -curiosamente los mismos que, a principios de año, criticaron ferozmente al gobierno de López Obrador cuando no actuó con mano dura contra los bloqueos de vías férreas de la CNTE en Michoacán- vociferan ruidosamente y denuncian un intento oficial de penalizar la protesta pública.

Como es bien sabido, todos los derechos de los que gozamos los mexicanos  emanan de nuestra Constitución Política y, en este caso, hay al menos dos prerrogativas aparentemente en riesgo con la entrada en vigor de la reforma al Código Penal de Tabasco: la libre manifestación de las ideas y la libre asociación.

El artículo 6 constitucional establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO”.

Mientras que el artículo 9 constitucional señala que “no se podrá coartar el derecho de ASOCIARSE O REUNIRSE PACÍFICAMENTE con cualquier objeto lícito”, así como que “no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o hacer una protesta por algún acto, a una autoridad, SI NO SE PROFIEREN INJURIAS CONTRA ÉSTA, NI SE HICIERE USO DE VIOLENCIAS O AMENAZAS para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
Lo anterior, estimado lector, es lo que nos establece la ley. No obstante, considero que en la realidad y AL AMPARO DE LIBERTADES MALENTENDIDAS COMO ILIMITADAS Y ABSOLUTAS, cada día son más evidentes los abusos, excesos y desmanes que se cometen cada vez que se realiza una marcha o bloqueo como forma de protesta. En la mayoría de los casos, los colectivos que protestan lo hacen como un CHANTAJE hacia las autoridades para OBTENER BENEFICIOS PERSONALES O DE GRUPO.

Todas las semanas aparecen protestas que derivan en prolongados cortes de circulación que nos impiden transitar libremente. ¿Y QUÉ OCURRE CON NUESTROS DERECHOS COMO TRANSEÚNTES? En estos casos hay un choque de prerrogativas como las libertades de manifestación y asociación de unos contra la libertad de tránsito y el derecho a la movilidad de otros. 

Si usted y yo no podemos transitar, es como si estuviéramos privados de nuestra libertad, porque no podemos movernos, cumplir con nuestras tareas, ni acceder al comercio, al trabajo o encontrarnos con la familia. Esto sin contar con las pérdidas económicas, a veces millonarias, que generan las marchas y bloqueos anárquicos.

Es precisamente en este punto, estimado lector, donde se deben buscar ALTERNATIVAS A LA PROTESTA PÚBLICA QUE NOS PERMITAN A TODOS EJERCER NUESTROS DERECHOS sin que otros nos lo impidan, es decir, convivir con respeto a los demás.

Por eso considero que ha llegado el momento de que se aplique mano dura, en todo el país, contra quienes alteran y transgreden el orden público y afectan derechos de terceros con manifestaciones y bloqueos con tintes de CHANTAJE PARA OBTENER PREBENDAS. 

En Tlaxcala basta hablar, por ejemplo, de las CAPRICHOSAS Y CAÓTICAS MANIFESTACIONES DE LOS TRANSPORTISTAS que recientemente hemos padecido y que lo único que buscan es LOGRAR BENEFICIOS QUE SATISFAGAN SUS INTERESES PARTICULARES.

En el plano nacional, tenemos como ejemplo la TOMA CONSTANTE DE CASETAS DE PEAJE de Caminos y Puentes Federales que, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deja una pérdida al erario estimada en CUATRO MILLONES DE PESOS DIARIAMENTE.

La IMPUNIDAD es un aliciente para cometer abusos como estos, al amparo de la PROTESTA PÚBLICA. Es momento de aplicar con firmeza la ley y de regular claramente este tipo de manifestaciones que se realizan principalmente en la capital del país, pero que se han extendido a otras entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y, desafortunadamente, Tlaxcala.

Como siempre, mi total agradecimiento y respeto a quienes me brindan un momento de su tiempo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.