• Reyes Ruiz Peña
La verdad no peca pero…

 

 

 

Durante los últimos años, en Tlaxcala, y en el país, los delitos han aumentado año con año de forma casi sostenida sin que ninguna estrategia de seguridad implementada por autoridades de cualquier nivel de gobierno haya podido contener, de forma significativa y duradera, este creciente y grave problema.

 

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2008 a 2017 casi se triplicó el número de homicidios dolosos registrados en Tlaxcala al pasar de 42 a 122 casos. Más alarmante es que de 2015 a 2017 se duplicó la cifra, al pasar de 59 a 122 homicidios dolosos en apenas dos años.

 

Pero las cifras relacionadas con robo de vehículos que reporta el ya citado Secretariado Ejecutivo no son mejores, pues de 162 incidentes denunciados en 1997, 19 de los cuales fueron perpetrados con violencia, pasamos a 2 mil 50 atracos en 2017, de los que 250 se ejecutaron violentamente.

 

Estos datos, estimado lector, nos dan una idea del aumento delictivo que ha sufrido nuestro estado en los últimos años, ya que el homicidio y el robo de vehículos son dos delitos que no cuentan con cifra negra.

 

Además, los datos retomados también son un reflejo del grado de descomposición e ineficacia que ha existido por años en las instituciones públicas encargadas no solo de proporcionar seguridad sino también de procurar y administrar justicia.

 

En un contexto de corrupción e ineptitud por parte de quienes laboran y dirigen tanto las corporaciones de seguridad pública como la Procuraduría General de Justicia y el propio Tribunal Superior de Justicia, lo que se genera para los criminales es un incentivo de impunidad que alienta más inseguridad.

 

Como sabe, estimado lector, en México más del 90 por ciento de los delitos no se resuelve, en parte porque carecemos de una cultura de denuncia, pero también porque existe una evidente falta de confianza en quienes recae la responsabilidad de procurar y administrar justicia.

 

Datos del Índice Global de Impunidad México 2018 revelan que en 26 de las 32 entidades federativas del país el sistema judicial está colapsado por falta de policías, ministerios públicos y jueces, lo que genera una “impunidad rampante” que coloca al país en el cuarto lugar mundial y en el primero del continente americano en este vergonzoso rubro.

 

Si le parece poco, aquí más números: la probabilidad promedio de que en México un delito se denuncie y se resuelva es de solo ¡¡1.14 por ciento!!, lo que representa una posibilidad del 98.86 por ciento de que el delito quede sin castigo, de acuerdo con datos de la asociación civil Impunidad Cero.

 

Por desgracia, las omisiones y la negligencia de ministerios públicos y jueces a la hora de procurar y administrar justicia tampoco son castigadas, ya que esta misma organización reveló que de cada 100 faltas cometidas por estos servidores públicos, solo 8 se sancionan.

 

De esta forma se entiende porqué durante 2018 se denunció solo el 10.1 por ciento de los delitos cometidos en el estado de Tlaxcala, acorde con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, que elabora el Inegi.

 

Es evidente que los tlaxcaltecas no tienen confianza en sus autoridades y por esa razón no denuncian. La gente sabe que acudir a un ministerio público o juzgado significa pérdida de tiempo, extorsión o maltrato.

 

Entre las razones para no denunciar que dieron los tlaxcaltecas que participaron en ese estudio, el 53.7 por ciento argumentó causas atribuibles a la autoridad entre las que destacan miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza y actitud hostil (https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_tlax.pdf).

 

Como siempre, mi total gratitud y respeto a quienes me brindan un momento de su tiempo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.