• Reyes Ruiz Peña
La verdad no peca pero...

 

 

La pandemia de Covid-19 ha golpeado con furia a países ricos y pobres. Sus nocivos efectos están a la vista de todos con el aumento constante de muertes y contagios. El desempleo y la crisis económica mundial son también parte de las nefastas consecuencias del terrible coronavirus.

 

Y aunque lo que está por venir a causa del SARS-Cov-2 no es nada alentador, lo que hoy estamos viviendo se queda corto comparado con los terribles efectos que la corrupción ha tenido, durante décadas, en la vida de millones de mexicanos.

 

Un país con las riquezas naturales de México no debería condenar a su población a vivir en la miseria. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 52.4 millones de mexicanos viven en pobreza y 9.3 millones en pobreza extrema.

 

A pesar de todos los recursos económicos que durante años han destinado nuestros distintos gobiernos al combate a la miseria, los datos revelan que no hay avances. Según el Coneval, de 2008 a 2018, la población con ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades básicas aumentó en 6.4 millones de personas.

 

En contraste, la corrupta clase política que nos ha gobernado vive hoy en la abundancia y, en muchos casos, fuera de México y de sus problemas. La pobreza, el desempleo y la crisis económica son asuntos que no les preocupan porque, a su paso por el gobierno, esos políticos corruptos han amasado inmensas fortunas.

 

La riqueza del país se ha dilapidado en beneficio de unos cuantos que a través del poder público han saqueado a la nación y han hecho negocios tan jugosos como inconfesables. Quizá algún día sabremos, estimado lector, cuántas muertes, cuánta pobreza, cuánta ignorancia y cuánta inseguridad nos ha costado la corrupción.

 

Todos los escándalos que recientemente han trascendido tras la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, son apenas un ejemplo de la podredumbre de los políticos que nos gobernaron. Hoy sabemos que la agenda de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto estuvo marcada por intereses de empresas privadas como la brasileña Odebrecht.

 

Pero el caso Lozoya es solo la punta del iceberg, porque la clase política corrupta que tanto afecta a la ciudadanía está esparcida por todos los niveles de gobierno. A pesar de sus abusos, la gran mayoría de esos nefastos personajes se burla de la justicia y vive disfrutando del fruto de sus corruptelas.

 

A nivel nacional existen cientos de ejemplos de políticos corruptos cuyos excesos han quedado impunes. En Apizaco conocemos muy bien esa historia porque el Partido Acción Nacional (PAN) ya nos regaló tres fichitas que ocuparon el cargo de presidentes municipales: Alex Ortiz Zamora, Orlando Santacruz Carreño y Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

 

ALEX ORTIZ fue acusado de diversas irregularidades en su mandato y responsabilizado de millonarios desvíos de recursos, por lo que tuvo que enfrentar varias denuncias penales. De hecho, los diputados de la LIX Legislatura local lo depusieron del cargo, en noviembre de 2010, por incurrir en abuso de autoridad, peculado y fraude en perjuicio del ayuntamiento.

 

ORLANDO SANTACRUZ fue señalado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de falsificar una factura del Hospital San Martín de Porres para justificar el pago de 310 mil 290 pesos, cuando el documento original solo amparaba 3 mil 950 pesos. Además, la Secretaría de la Función Pública inició una investigación en su contra al detectar que, durante su trienio, desvió cerca de 53 millones de pesos y pagó 14 millones de pesos por obras que nunca fueron realizadas.

 

En tanto que a JORGE LUIS VÁZQUEZ, quien hoy funge como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, el OFS le detectó un probable daño patrimonial por 8.4 millones de pesos, debido a que jamás pudo comprobar el destino de ese recurso.

 

Sin duda, estimado lector, estos 3 presidentes municipales del PAN han resultado ser parte de lo más despreciable de la clase política de Tlaxcala. Son corruptos sin castigo, beneficiarios de la impunidad porque ninguno ha pagado por sus desfalcos.

 

El caso Lozoya ha generado una expectativa ciudadana que obliga al presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir con el pueblo su promesa de castigar a los corruptos y de terminar con la impunidad. Eso queremos en México y en Apizaco. Además, en estos momentos críticos en los que tanta falta hace el dinero, el gobierno federal debe recuperar todo el recurso posible que fue desviado por los torcidos caminos de la corrupción.

 

Como siempre, mi total agradecimiento y respeto a quienes me brindan un momento de su tiempo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.