A unos días de que inicie el ciclo escolar 2020-2021, las prácticas abusivas e ilegales de directivos y asociaciones de padres de familia están de vuelta para condicionar el ingreso de los estudiantes de primaria y secundaria a las instituciones de educación pública.
Estos atropellos recurrentes por parte de directores y comités de padres, que con frecuencia actúan como estafadores y cómplices, son solapados por nuestras ineptas autoridades educativas que nunca han sabido o no han querido poner orden en este tema.
En el discurso, los secretarios de Educación Pública condenan el cobro de cuotas escolares y aseguran que se trata de “contribuciones voluntarias” porque el acceso a los servicios educativos no está condicionado al pago de estas aportaciones.
Sin embargo, en la práctica, todos los padres de familia cuyos hijos estudian en escuelas de gobierno saben a la perfección que las cuotas escolares NO SON VOLUNTARIAS porque el ingreso de los alumnos a la institución educativa depende por completo de cumplir con este “requisito”.
Cada año se repite la misma historia de abusos e impunidad en el sector educativo. En estas fechas siempre abundan las inconformidades por el cobro de cuotas escolares supuestamente voluntarias, que terminan siendo obligatorias.
Este año, por ejemplo, en el municipio de Tlaxcala ya se denunció que el Comité de Padres de Familia de la secundaria técnica ‘Xicohténcatl Atzayacatzin’ fijó una tarifa de 830 pesos por alumno para quienes pretenden cursar el ciclo escolar 2020-2021.
El actuar de esta escuela, de sus directivos y de su asociación de padres de familia es criticable por donde se le mire, a pesar de que sea reconocida como una de las instituciones de nivel secundaria con mayor prestigio y con una demanda de ingreso muy alta.
Ante la difícil situación sanitaria y económica que atraviesa el país, hoy menos que nunca debe estar condicionado el acceso a la educación, máxime cuando el motivo es no contar con los recursos económicos suficientes para pagar una cuota escolar.
Aunque ha sido letra muerta durante décadas, el artículo tercero de la Constitución federal establece, en su fracción cuarta, que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.
Además, la Ley General de Educación señala en su artículo séptimo, fracción cuarta, que “las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a la educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo”.
La ley también precisa que nadie puede condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos al pago de una cuota escolar, ni tampoco afectar la igualdad en el trato de los estudiantes.
Pero a nuestras autoridades educativas les da lo mismo cumplir o no con la norma, pues el titular de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ, está más preocupado en perfilar su candidatura a la gubernatura que en atender los problemas del sector.
Esa actitud pasiva de la autoridad permite que los directivos escolares, junto con los comités de padres, actúen de forma ilegal no solo porque condicionan el ingreso de los alumnos a las escuelas sino también porque reiteradamente malversan el dinero que con esfuerzo aportan los tutores a través de las cuotas escolares.
Todos conocemos, estimado lector, historias de tesoreros o presidentes de comités de padres de familia que impunemente desaparecen con el dinero de las cuotas escolares y las autoridades educativas lo permiten. Esa sospechosa complacencia hace pensar, por lo menos, en complicidades o colusión.
Como siempre, mi total agradecimiento y respeto a quienes me brindan un momento de su tiempo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.