Uno de los aspectos más singulares de la detención de José Antonio Yépez “El Marro” la madrugada de ese domingo en Guanajuato, es el que arroja indicios de un cambio sustantivo en la dinámica de colaboración entre la administración López Obrador y los gobiernos emanados de partidos opositores, en particular la entidad del Bajío que conduce Diego Sinhue Rodríguez, donde se asienta el polo panista más sólido del país.
Tras su viaje a Estados Unidos (en política las coincidencias no existen), el Presidente impuso un cuidadoso giro a su actitud que, en términos generales, lo alejó de la agenda del ala radical de su equipo de trabajo y su partido, Morena, en busca quizá de una imagen más conciliadora cuando faltan 10 meses para las elecciones del 2021.
Esta evolución puede encontrarse también en su reforma al sistema de pensiones, en el pulcro proceso para renovar al INE y en su relación con los empresarios, incluido el regalazo anunciado ayer a las televisoras para comprarles aire de transmisión a fin de que se impartan clases.
La determinación presidencial para mejorar la relación con los gobiernos de oposición panista y priísta debe entenderse como un periodo de ensayo, antes de que a inicios del próximo año comiencen las campañas proselitistas para miles de puestos de elección y la política se torne nuevamente en territorio comanche. Una ventana que se cerrará en seis meses.
La seguridad es un eje fundamental en este proceso, en particular las evidencias de que los ciudadanos castigarán con su voto a quienes consideren responsables de la mayor crisis de violencia desde que disponemos de estadísticas en la materia. A ello se sumarán las afrentas por el desplome económico y desastre al que se ha reducido el sistema de salud.
Las encuestas varían de estado en estado, pero en no pocas entidades gobernadas por la oposición los estudios de opinión arrojan que la población responsabiliza más a López Obrador y su gobierno por estos problemas que a los mandatarios locales, si bien éstos cargan con un costo importante también.
La referencia de que efectivos militares en colaboración con agentes ministeriales de Guanajuato hayan logrado la caída de “El Marro” parece dejar fuera de los reconocimientos al secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, que en casi dos años de labor no ha logrado labrar un perfil propio ni siquiera dentro de su propio equipo, mucho menos entre los gobernadores y la población en general. Eso sí, las redes y bots que promueven a la 4T recibieron este domingo una directriz singular: asignar a este funcionario el mérito de la detención.
Difícilmente Durazo podrá ver crecer sus bonos antes de noviembre, cuando se prevé deje su puesto para buscar la gubernatura de Sonora, donde lleva meses en pleno afán para construir pactos con la clase política más acendradamente priísta. Una alianza que despide ya aroma gatopardista.
Apuntes: Autoridades hacendarias y judiciales descubrieron transferencias bancarias atípicas del despacho de abogados que encabeza Antonio Lozano Gracia, político panista y procurador de la República (1994-1996) la primera mitad del gobierno de Ernesto Zedillo. Se trata de pagos al bufete que encabeza la esposa de Alberto Elías Beltrán, encargado de la propia PGR el último tramo del sexenio Peña Nieto. Lo más inquietante es que los depósitos coinciden en tiempo con el ablandamiento de acusaciones contra Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora emergido de Acción Nacional. ([email protected]).