En enero pasado, el presidente López Obrador denunció como un acto de corrupción los contratos establecidos por el gobierno de Felipe Calderón para asignar a empresas privadas la gestión de ocho cárceles federales. Reveló que a raíz de ello el gasto con dinero público acumulado supera los 75 mil millones de pesos.
Palacio Nacional presentó ya denuncias penales en este caso, pero no debemos abrigar demasiado entusiasmo. Todo indica que se nos busca ocultar a los actores centrales de esta historia, entre ellos a las empresas beneficiadas con esos contratos (Homex, Arendal, Tradeco, Prodemex, ICA, Grupo Carso), propiedad de personajes cercanos a la 4T. Por esa ruta, el país no sabrá qué se renegoció con ellas, el monto total de esos contratos (266 mil millones de pesos) ni el costo de las construcciones. Y se pospondrá el urgente debate sobre nuestro sistema carcelario.
Este espacio tuvo acceso a oficios de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial de la Federación (este último, fechado apenas el 3 de mayo) que ordenan imputar delitos a una veintena de antiguos colaboradores de Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública durante el sexenio Calderón y preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019, bajo cargos de complicidad con el crimen organizado.
El listado de implicados es el siguiente: Sergio Montaño Fernández, Arturo Sosa Viderique, Marco Antonio Villareal Gutiérrez, Gonzalo Villareal Guerra, Paulo Uribe Arriaga, Miguel Vital Hernández, Oscar Moreno Villatoro, Raúl Gerardo Lemus Soto, Antonio Molina Díaz, Jannet Miriam Martínez Sánchez, Celina Oseguera Parra, Saúl Castro Castro, Sergio Alberto Martínez Castuera, Alma Delia Sánchez Ocampo, Salvador Camacho Aguirre, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, María Lidia Alcantar Vargas, Antonio Corona Rodríguez, José Ariel Morales López, Javier de Haro Alva.
Fuentes consultadas se dijeron sorprendidas por esta relación; por los que están, pero también por los que no están. “Un solo pez gordo, pero no sus principales cómplices. Los demás van de relleno”, se dijo.
El citado Montaño Fernández fue oficial mayor y se le considera operador de negocios de García Luna en Seguridad Pública. Los reportes disponibles lo describen con amplio patrimonio personal, gastos suntuosos y propiedades numerosas, entre ellas una mansión en Texas.
María Cecilia Hernández Galván no figura entre quienes fueron citados a una audiencia el mes próximo para conocer cargos en su contra. Ella fue cercana colaboradora de Montaño bajo Calderón. Se mantuvo en el gobierno Peña Nieto por su cercanía con el equipo de Miguel Ángel Osorio Chong.
A la llegada de la 4T, fue designada directora general de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contratada por el entonces titular de la Secretaría, Alfonso Durazo. En febrero de 2020, el reportero Juan Omar Fierro, de la revista “Proceso”, reveló que en julio de 2019 Hernández Galván fue colocada por Durazo como encargada interina de la Secretaría General de la Policía Federal.
Si este caso se reduce a una revancha presidencial contra Felipe Calderón vía García Luna, el llamado contra la corrupción quedará en un chisguete de voz.
Apuntes: Alejandro Gertz, fiscal general, dio luz verde para detener a familiares de Gerardo Ruiz Esparza, fallecido en abril de 2020 cuando era investigado por desvíos multimillonarios durante la administración Peña Nieto, al que estuvo ligado desde la gubernatura de éste en el Estado de México. Las acciones penales incluirán a María del Rocío Dosal, ahora viuda de Esparza, y a los hijos de ambos, Gerardo y Karla. A los tres se les atribuyen cuentas bancarias y otros activos con operaciones presuntamente ilícitas.