• Gobierno
  • Reforma
El presidente de la CEDH Francisco Mixcóatl Antonio promovió una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

Tras considerar que los diputados de Tlaxcala incurrieron en un acto de "regresión" al "criminalizar" el aborto en el Estado cuando la salud de la madre está en riesgo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Francisco Mixcóatl Antonio promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A petición de organizaciones civiles que defienden los derechos reproductivos de la mujer, el ombudsman presentó el expediente con número 18/2013, el cual admitió la SCJN el pasado primero de julio, según lo revela el listado de notificaciones del máximo tribunal del País.

Los diputados de la 60 Legislatura, en una reforma aprobada hace unos meses al Código Penal para el Estado de Tlaxcala, adicionaron a las casuales de la penalización del aborto, el que una mujer interrumpa su embarazo incluso cuando esté en riesgo su salud.

Además establecieron que al médico, enfermera o partera que cause la muerte del producto, aparte de una pena en prisión, "se les suspenderá de tres a cinco años en el ejercicio de su profesión u oficio".

La ley en referencia señala en sus artículos 238, 239 y 240 una pena de 3 a 5 años de prisión, más multa de 72 a 217 días de salario, a quienes cometan el delito de aborto.

En los casos en que el médico diagnostique la necesidad de un aborto, éste deberá ser autorizado por el Ministerio Público.

"En lugar de ser progresistas, se ve que hay una regresión. Entonces se pone (la acción de inconstitucionalidad) en lo referente a lo que tiene que ver con el aborto, porque se elimina la causal de aborto por riesgos a la salud de la mujer", dijo Mixcóatl Antonio.

Tags: