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El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Tsje), Justino Hernández Hernández reconoció que hay rezago en la dictaminación de sentencias en los juzgados de Tlaxcala.
Indicó que en algunos juzgados hay dilación en la impartición de la justicia, sobre todo por la retención de los escritos, situación que se implementa junto con otras estrategias, para abatir el rezago de sentencias que existen en los penales de Tlaxcala.
“Estamos instruyendo a los jueces penales, para que les dicten sentencia a quienes se encuentran internados en los ceresos yb que no alcanzan fianza, para que ya reciban su sentencia”.
Calculó que hace un par de meses se tenía alrededor de veinte asuntos por juzgado, lo que representaba unos doscientos asuntos, pero se lleva un avance entre el sesenta y setenta por ciento.
Lo importante es que los internos sepan sobre su situación, mismo que ahora con la nueva modalidad de los juicios orales, se podrá agilizar en gran medida la dictaminación de sentencias, porque ya hay sobrepoblación en los ceresos.
Ya hay intenso trabajo en materia de juicios orales, sobre todo en delitos patrimoniales como el robo, el fraude que son por los que mayor incidencia tienen en nuestra entidad.
En Tlaxcala 55.5 por ciento de los detenidos están en espera de una sentencia y en el ámbito federal son 54.3 por ciento las personas que han sido privadas por la comisión de algún delito.
Un estudio recién publicado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. “Situación y desafíos del sistema penitenciario mexicano”, indica que y que están en espera de una sentencia,
Mientras algunos de ellos esperan meses a su defensor de oficio o carecen de recursos para contratar a un abogado o cubrir la fianza que se les impone.
El uso y el abuso de la prisión preventiva, es una de las principales causas de la sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario.
Es el resultado de la política que da preeminencia a la prisión como castigo, se ha restringido el ejercicio del derecho a la libertad provisional bajo caución, privando de su libertad durante el juicio a cientos de personas.
De conformidad con el marco legal y por la conducta antijurídica que se intenta demostrar que cometieron, deberían tener acceso a su derecho de permanecer en libertad por el tiempo que dure su proceso.
La proporción de presos sin condena del total de la población en reclusión, varía de una entidad federativa a otra.
Los casos de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur y Oaxaca son inquietantes. En estas entidades, 60 por ciento de los internos, por delitos tanto de competencia local como federal, no ha recibido una sentencia.
Esto quiere decir que se presumen inocentes ante la Constitución, pero en la práctica duermen y sobreviven en prisión.
En el extremo opuesto se encuentra el Distrito Federal, donde el porcentaje de internos sin sentencia de ambas jurisdicciones es menor a 20 por ciento.
Hay ocho entidades que en enero de 2013 presentaron porcentajes superiores a 50.0 relativos a los internos sin sentencia por delitos del fuero común: Nayarit 54.5 por ciento, Jalisco 55.0, Tlaxcala 55.5 por ciento.
Tabasco, 58.4, Oaxaca 61.0, Baja California Sur, 62.0 por ciento, Durango 64.3 por ciento y Quintana Roo 66.7 por ciento.
En tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mide, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), los principales rubros con relación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en México.
Estos son: integridad física y moral del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad al interior de los penales, reinserción social del interno y las necesidades de los grupos de internos con requerimientos específicos.
En 2011, la evaluación a nivel nacional fue de 6.41, en una escala de 0 a 10, y fue menor a las registradas en los tres años anteriores.
Esto quiere decir que no se ha trabajado de forma eficaz en garantizar los derechos de los internos.
Los estados con las calificaciones más bajas fueron Nayarit (4.57), Guerrero (5.13), Oaxaca (5.15) y Coahuila (5.21), mientras que las entidades mejor evaluadas fueron Aguascalientes (8.47), Guanajuato (7.89), Tlaxcala (7.80) y Querétaro (7.79).
Con miras a mejorar esta situación, la CNDH ha emitido varias recomendaciones en torno al sistema penitenciario en los últimos años.
Sin embargo, éstas no son vinculantes y lamentablemente han tenido poco impacto en las condiciones de vida en las prisiones.
El costo diario por cada interno es de alrededor de 137 pesos.
Tan solo en 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que los estados destinaron 8 mil 658 millones de pesos para el mantenimiento de sus centros penitenciarios.
Según datos del INEGI, en 2011 42.9 por ciento de los internos fueron acusados o condenados por robo.
El tipo de robo por el que hay más gente en prisión es el robo a casa habitación, con 8.4 por ciento del total de los delitos.
Además, 17.3 por ciento de los internos por delitos del fuero común han sido procesados o sancionados por homicidio; 11.8 por ciento por delitos sexuales; 6.3 por ciento por delitos patrimoniales 46; y 5.8 por privación ilegal de la libertad.
Esta tabla nos permite ver que la mayor parte de los internos sin sentencia están en la cárcel por robo.
En el caso de los delitos del ámbito federal, son 24 las entidades que tienen un porcentaje de internos sin sentencia superior a 50 por ciento.
Destacan los casos de Tabasco, 94.5 por ciento, Oaxaca, 85.2 por ciento, San Luis Potosí, 80.0 por ciento, Aguascalientes, 76.5 por ciento, Jalisco, 76.2 por ciento y Tlaxcala con 54.3
Los delitos más significativos en los que se refiere a condena no privativa de libertad en la competencia local son: golpes y lesiones, 39.3 por ciento, daño en las cosas, 19.5 por ciento y robo, 18.5 por ciento.
Cabe destacar que a nivel nacional, el porcentaje de internos sin condena en el ámbito federal ha aumentado en los últimos años.
Así, después de haber llegado en 1998 a la proporción más baja en la historia reciente del país 28.1 por ciento, este indicador ha comenzado a crecer, disparándose en los últimos años.
En 2011 alcanzó 53.3 por ciento y en 2013 llegó a 50.2. Esto podría deberse al aumento en la carga de trabajo de los juzgados federales.
Por ejemplo, la política de la lucha contra el crimen organizado ha llevado a un aumento de consignados en casos de narcomenudeo.
Una mayor carga de trabajo implica procesos más tardados, por lo que la presencia de procesados en la población penitenciaria es mayor.
Dado el contexto tan complejo de seguridad que se vive en el país desde hace varios años, en el que buena parte de la población vive en un clima de rivalidad del crimen organizado.
Enfrenta altos niveles de incidencia en delitos de alto impacto como homicidio doloso, secuestro y extorsión.
Es entendible que la sociedad se encuentre a la defensiva, incrédula de las instituciones y en busca de un castigo ejemplar —la cárcel— para cualquier ofensor, bajo la lente de la justicia retributiva.
Sin embargo, es necesario y oportuno reflexionar sobre la evidencia presentada en ese documento para entender que los fines que la sociedad busca proteger y privilegiar.
Porque no sólo no se cumplen con el sistema penitenciario actual, sino que se ponen en peligro.
Aquello que la sociedad pretende castigar y evitar con la cárcel, puede volverse en su contra en el mediano plazo si se continúa con la inercia penitenciaria actual y no se aprende de las experiencias internacionales.
¿Para qué sirven nuestras cárceles, si castigamos de la misma forma a personas que cometen un robo sin violencia y a las que cometen un homicidio doloso?
¿Para qué usamos la cárcel en México, si las condiciones en las que se vive en la prisión no favorecen en lo absoluto el propósito de reinserción?
¿Para qué sirven las prisiones mexicanas si la mayoría de quienes purgan sentencias ahí es por delitos menores, con sentencias de menos de tres años que bien podrían merecer castigos alternativos?