• Tlaxcala
  • Luis Castillo
El mandatario estatal estaría incurriendo en nepotismo al tener en la nómina a la suegra de su hija.

Lo descrito por el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ponen en evidencia el caso de nepotismo en el que estaría incurriendo el mandamás en el estado al tener dentro de la nómina como directora del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad a su comadre, mejor dicho a la suegra de su hija.

El artículo 47 en su fracción XIII, dice que obliga a los servidores a “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Mientras, en su fracción XVII el mismo artículo especifica que los funcionarios deberán “abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII”.

La comadre de Manchis cobra según la lista de salarios otorgada por la Oficialía Mayor un sueldo mensual de 12 mil 004.20 pesos más otros 12 mil 004.20 pesos por percepción complementaria, 1,632.85 pesos por despensa y 809.73 por fomento al ahorro otorgando un total de 26 mil 450.98 pesos.

De los 26 mil 450.98 pesos que cobra la señora Mazarraza le son descontados 4,299.84 pesos por el Impuesto Sobre la Renta y 1,440.50 por aportaciones a Pensiones Civiles de Tlaxcala, razón por la que su sueldo neto es de 20 mil 710.64 pesos.

Estos datos son sólo de los que proporciona el gobierno del estado a través de la Oficialía Mayor, cifras que podrían estar maquilladas y no evidenciar en su totalidad las percepciones de los funcionarios y en algunos casos si tienen acceso a un fondo revolvente del que puedan echar mano y beneficiarse.

 

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