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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que en México existe “un panorama nacional aciago, en el que la zozobra y la desesperanza parecen ganar terreno”, donde a todos “cimbra la violencia desmedida”, por lo que se requiere apostar por el respeto a las instituciones y a los derechos humanos.
Por primera vez, el Pleno del Alto Tribunal del país, fijó su posición sobre el ambiente que vive México, tras de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la escalada de violencia, que ha desnudado la relación de las autoridades municipales con el crimen organizado.
De acuerdo con una nota del periódico El Universal, El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, orador de la sesión solemne para la toma de protesta de 21 jueces federales, abordó el tema en su discurso, en el que destacó que “en estos momentos, no podemos pasar por alto, en el contexto de un panorama nacional aciago, en el que la zozobra y la desesperanza parecen ganar terreno”.
Al hablar a nombre del Pleno, Zaldívar admitió que el sistema judicial es parte del Estado y debe responder ante esta crisis con un “renovado compromiso” y alejado de “presiones externas”.
“A todos nos cimbra la violencia desmedida y el desprecio por la vida humana que parecen haberse apoderado de sectores de nuestra sociedad. A todos nos duele como propia la tragedia que ensombrece a muchas familias a lo largo y ancho del país. Corren tiempos difíciles”, expresó el ministro Zaldívar.
En un mensaje a los nuevos jueces federales, el ministro dijo que como parte del Estado, es necesario que los juzgadores asuman la responsabilidad que les corresponde para asegurar a los mexicanos “las condiciones para una vida en armonía en el respeto de sus libertades y derechos”.
“El Poder Judicial de la Federación no gravita en una órbita ajena al Estado; forma parte de él. Por ello, sobre la base firme de la independencia y de la división de Poderes, quienes integramos los órganos del Estado debemos asumir solidariamente el objetivo común de asegurar a los mexicanos (...) Los jueces federales, como miembros del Estado mexicano debemos hacernos presentes, y decir aquí estamos, con el rostro descubierto, la frente en alto y de cara a la sociedad”, explicó.
En este clima social, agregó, es obligado que los jueces defiendan los principios fundamentales de este sistema: independencia, imparcialidad, legitimidad, sensibilidad a las necesidades sociales, eficiencia, así como consistencia y coherencia en la emisión de criterios.
“Hacer saber a los ciudadanos, en cada sentencia, en cada acuerdo, en cada decisión que tomemos, que escuchamos sus reclamos de justicia. Que pueden confiar en nosotros. Que a lo largo de la historia el Poder Judicial Federal ha demostrado estar a la altura, sin importar la complejidad de las circunstancias que ha tenido que enfrentar, y en la coyuntura por la que atravesamos no será la excepción”, consideró.
Convocó a los juzgadores a no dejarse “vencer por la desesperanza, pues a pesar del panorama sombrío por el que se atraviesa”, se requiere afianzar la “convicción de que México es más grande que sus dificultades”.
“Que habremos de salir adelante y que a través de la apuesta por el respeto a los derechos humanos y a las instituciones, estaremos en condiciones de retomar el camino hacia la prosperidad y hacia un país con mejores condiciones de bienestar para todos. Con la nueva constitucionalidad como herramienta, contribuiremos a hacer realidad la transformación de nuestro país”, dijo el ministro.
En este contexto, agregó, “estamos llamados a impartir una justicia federal atenta con el ciudadano, que proteja a los más débiles, y que actúe con responsabilidad y eficiencia. Debemos ser jueces cercanos a la sociedad, capaces de percibir el dolor humano y de ver el rostro de las personas más allá de las hojas de un expediente”.
El consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya Hernández, advirtió que la seria situación por la que atraviesa México convoca y exige a todos los integrantes del PJF a redoblar esfuerzos para consolidar el Estado de derecho.
El Estado hará valer el estado de derecho: Osorio
El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró a los obispos del país que ante la actual situación de violencia el gobierno hará valer el estado de derecho y emprenderá las acciones necesarias para atender el problema, informó el obispo Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
En entrevista con La Jornada, el también obispo auxiliar de Puebla precisó que el diálogo del funcionario con el pleno en la CEM, que esta semana realiza su 98 asamblea, fue “muy franco” y “honesto”. Indicó que duró poco más de dos horas, es decir, bastante más de lo previsto.
“Dijo que el compromiso del gobierno federal es proceder de acuerdo con el estado de derecho, porque es la única forma de garantizar lo necesario para que la situación mejore.
Expuso que luego del diálogo con los más de cien prelados, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con los obispos de Acapulco, debido a la situación de inseguridad que se vive en esa entidad y en especial por el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
Violencia en el país ya encendió alarma en el INE
El consejero electoral, Ciro Murayama, avaló lo señalado por Lorenzo Córdova sobre la alertas que se han encendido en el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a la situación de violencia del país y su posible impacto en el proceso electoral de 2015, en el que se renovará la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas.
El aparato de seguridad del gobierno mexicano, dijo, necesita un plan sistemático para contener la violencia suscitada y evitar que permeé en el desarrollo de los comicios, especialmente, en entidades como Guerrero que están próximas a iniciar campañas internas para la elección de sus candidatos a diputados, alcaldes y gobernador.
Ante la pregunta expresa sobre si existe una alerta debido a la escalada de violencia en diversas partes del país, en un contexto donde el INE organizará elecciones para elegir a 500 diputados federales y sancionará comicios en 17 estados, Murayama respondió que “las alertas están encendidas ya”.
El descontento social que ha derivado en manifestaciones violentas, consideró, son “hechos que no pueden verse, sino como algo preocupante, negativo, riesgoso a la indignación y horror que nos ha causado la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y a la saga de impunidad previa y la lentitud en la respuesta de las instituciones del Estado le sumamos la violencia, y no creo que pueda ser un elemento para resolver nada”.
Ante los recientes ataques a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en Guerrero, el consejero electoral manifestó que “el hecho de ver en llamas un Congreso es una imagen muy alarmante, porque los parlamentos son la expresión de la pluralidad de las sociedades, una expresión formal, no hay espacio más democrático en ningún país del mundo que la representación popular que se da en el Poder Legislativo.
Según otra nota de diario 24 Horas, el consejero electoral reconoció que la nación vive un “escenario complicado”, por lo que consideró necesaria “una acción institucional muy precisa, muy transparente, muy legítima, ante los distintos hechos que se van suscitando”, que evite riesgos de estallido social o intervención del crimen organizado durante los comicios de 2015.
La violencia, expresó, conlleva riesgos de retroceso en la democracia mexicana, “la violencia corroe la coexistencia y el tejido social, la violencia es el peor escenario en el que cualquier persona o sociedad merecería vivir”.
A su parecer, las autoridades “debemos ser muy responsables para el momento que está viviendo el país y hacer de las elecciones un ejercicio que merezca la pena vivir para la sociedad, que las campañas se vuelvan un momento de deliberación, de qué vamos a hacer con este país donde hemos dejado muchos asuntos sin resolver y se están sumando otros muy ominosos”.
Consideró que “la enorme mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas y, por lo tanto, pacíficas y legítimas”; sin embargo, corresponde al aparato de seguridad gubernamental “aislar a los violentos”.
En la víspera, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo al diario 24 Horas, que las alertas amarillas están encendidas en el instituto y advirtió que de no contenerse la violencia en los próximos siete meses, es decir, antes de la jornada electoral, los procesos democráticos del país estarían en riesgo.
“Veo problemas que si no logran atajarse pueden llegar a convertirse en riesgo para las elecciones, lo digo con todas las letras, el INE sabe cómo organizar elecciones en contextos adversos en términos de seguridad”, indicó durante una entrevista con este diario, publicada el miércoles pasado.