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A pesar de que evadió hablar sobre la auto asignación de recursos para pavimentar una calle donde tiene una casa y un salón de fiestas lo que representaría incurrir en conflicto de intereses, la Diputada Federal del PAN por el Estado de México Minerva Hernández Ramos, presumió esa gestión en una revista donde plasmó su primer informe de actividades Legislativas.
La Legisladora habría violado la nueva Ley anticorrupción que fue aprobada por el Senado de la República, al auto asignarse poco más de 3.4 millones de pesos para pavimentar la calle Molinatla en la localidad de San esteban Tizatlán donde tiene una casa y un salón de fiestas.
En su informe de actividades legislativas que presentó la ex candidata a la Gubernatura, resaltó la gestión de 3 millones 464 mil 784.42 pesos para la “rehabilitación de calle en Tizatlán, Tlaxcala”, misma que viene acompañada con una imagen donde se da el banderazo a la obra junto con el alcalde capitalino Adolfo Escobar.
No obstante de que es una calle que no tiene un alto número de habitantes, desde hace casi un mes se realizan para los trabajos de pavimentación de concreto, guarniciones, banquetas y alumbrado público de la calle referida.
Esa acción es una muestra evidente de que la ex candidata perdedora a la Gubernatura por el PRD violentaría la nueva Ley anticorrupción ya que de acuerdo al artículo 47, señala que; “para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se refiere la fracción VI del artículo 3 de esta Ley”.
“La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función”, precisa.
En el artículo 5 detalla que; “son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito”.
Por lo anterior; “los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público”.
Sin embargo la ex Senadora omitió señalar de nueva cuenta, que en esa calle tiene una vivienda y un salón de fiestas que son de su propiedad, de ahí la presunción de que habría incurrido en un conflicto de intereses ya que los recursos gestionados fueron canalizados para una obra que la beneficia de forma directa.