• Chiautempan
  • Lucía Pérez
Son más de 60 mil pesos los que el alcalde debe pagar a la representante legal del municipio.

El alcalde de Chiautempan, Antonio Mendoza Romero, incumplió con la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) para pagar la remuneración económica que le fue retenida a la síndica, Belén Vega Ahuactzi, correspondiente al pago de salario del periodo del 15 de septiembre a la fecha.

En entrevista, la representante legal del municipio de Chiautempan expuso que en total el alcalde debe cubrir el pago por poco más de 60 mil pesos, de los cuales únicamente cubrió una quincena del 15 al 30 de septiembre, quedando pendientes tres quincenas del mes de noviembre y la primera de este mes de noviembre.

Vega Ahuatzi, declaró que el presidente municipal argumentó, para incumplir con la sentencia del TET, que el ayuntamiento no cuenta con los recursos para pagar su remuneración económica que debió ser cubierta  en 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia  aprobada por unanimidad de votos de los magistrados, dentro del expediente TET-JE-352/2016.

 Dicho plazo venció el día jueves, momento en el cual solo había recibido el pago de una quincena, situación por la cual el día viernes notificó a la autoridad de lo sucedió, y será el día de mañana cuando acuda al Congreso para informar sobre la situación que guarda su caso.

“Nada más depositó lo de una quincena, argumentan que no hay dinero pero todavía el día que tenían como fecha límite había dinero para cubrir el pago, quedan pendientes tres quincenas”, situación por la cual, la Síndica advirtió que por desacato a la orden judicial iniciará con el procedimiento correspondiente a través de medios de apremio y correcciones disciplinarias establecidas en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En ese sentido, cabe mencionar que el magistrado José Lumbreras García,  subrayó que el incumplimiento podrá dar lugar a la inmediata separación del cargo, sin perjuicio de quedar a disposición del Ministerio Público para la iniciación del procedimiento penal respectivo y la aplicación de las demás sanciones que correspondan conforme a las disposiciones aplicables.

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