- Tlaxcala
Tras el hallazgo de cuatro millones de pesos en la cajuela de un vehículo que tenía asignado, Francisco Javier Pérez Maqueda, ex director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizará una investigación sobre 14 obras realizadas en 2016, entre ellas la construcción de Ciudad Judicial en el municipio de Apizaco en donde el ex funcionario federal aseguró que se pidió de “moche” hasta el 15 por ciento del costo total, es decir 55.5 millones de pesos.
La Ciudad Judicial fue la obra de relumbrón del sexenio de Mariano González Zarur teniendo desde un principio diferentes irregularidades a las que se sumaron las acusaciones de Pérez Maqueda que aseveró que en esta construcción de manera específica se ofreció a constructoras como Grupo Casgo, Jonap, Grupo Escompi y Agregados y Maquinaria del Caribe a cambio de un “moche” del 15 por ciento de los 370 millones de pesos que destinaron para la edificación.
Y es que el caso se complica debido a la red de corrupción que envuelve la ejecución de otras obras a parte de la Ciudad Judicial, ya que el ex funcionario federal que acusa al gobierno de Mariano González de pedir un moche del 15 por ciento, fue incriminado por alguien que le sembró cuatro millones de pesos en su cajuela, argumentando que denunciar los “moches” fue lo que hizo enojar a alguna persona.
Entre las anomalías en la Ciudad Judicial que el entonces gobernador decidió hacer en una sede alterna a la capital del estado en donde según la Constitución deben asentarse los tres Poderes, destaca la multa de 2.7 millones de pesos que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por daños forestales luego de remover 16 hectáreas de vegetación forestal sin el permiso de cambio de uso de suelo.
Mariano González previó la construcción del inmueble casualmente junto a predios de su propiedad, hecho que fue denunciado pero no impidió que el mandatario de ese tiempo llevara a cabo su magna obra que ahora será investigada por la presunción de que fueron hasta 55.5 millones de pesos que alguien en su administración pediría como condición a las constructoras.