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La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros lamentó que los diputados locales hayan aprobado la Cuenta Pública de Mariano González Zarur cuando existen claras evidencias de anomalías financieras durante su gobierno y un claro ejemplo son las cifras que ha otorgado la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que hizo observaciones por más de mil 200 millones de pesos tan sólo hasta el 2015.
En los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, y 2014 las observaciones fueron por 549.5 millones de pesos; mientras que para 2015 la ASF observó 743.2 millones de pesos, haciendo una sumatoria de mil 292.7 millones de pesos, cifra que representa poco más del 50 por ciento de lo que fue presupuestado para la Secretaría de Salud (SESA) en el estado en el ejercicio 2015.
Estos números no fueron contemplados por algunas fracciones del Congreso local que indició que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer las finanzas del ente público, ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.
La posición de Alberto Amaro Corona como presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo dejó en duda la imparcialidad en la aprobación de las Cuentas Públicas, ya que mientras que con algunos municipios se mostró complaciente, en el caso de la Cuenta Pública de Mariano González no hubo problema alguno para que pudiera ser aprobada aun cuando existen las sospechas de que hubo daño patrimonial como lo observó la ASF.
Para la Senadora Lorena Cuéllar es importante que los tlaxcaltecas no sólo sepan en que se destina el presupuesto, sino es determinante que se exija que los servidores públicos respondan por un mal manejo del dinero público.
En consecuencia, la legisladora buscará el respaldo de la Federación para analizar y dar seguimiento a estas inconsistencias que no han sido del todo solventadas, considerando además la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, misma que a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública de 2016 dotará de mayores facultades a la Auditoria Superior de la Federación.
“Es un llamado urgente para que el Gobierno del Estado, resuelva a la brevedad todas las inconsistencias que aún se encuentran pendientes, con las nuevas medidas que están a meses de entrar en vigor puede llevar a cualquier funcionario involucrado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, apuntó la legisladora.