- Tlaxcala
Derivado de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el último año del gobierno del priísta Mariano González Zarur, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros exigió que las anomalías sean castigadas y no exista impunidad como ha sucedido con otros mandatarios estatales emanados en su mayoría de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comparando al ex mandatario tlaxcalteca con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
De acuerdo con la ASF tan sólo en el último año de la administración marianista se observaron que 156 millones de pesos fueron cobrados sin justificación en Servicios Educativos, en donde estaba a cargo Tomás Munive Osorno compadre de Mariano González; se sumaron 45.9 millones de pesos que se pagaron en bienes y servicios en los que no existió licitación, así como 21.5 millones de pesos que fueron por servicios no documentados.
Al respecto, la legisladora Lorena Cuéllar dijo que los excesos cometidos por Mariano González en su gobierno comienzan a ventilarse en instancias como la ASF y espera que sean los órganos federales quienes se encarguen de que el probable daño patrimonial a las finanzas del estado no quede en la impunidad.
“Todos sabemos que algunos gobernadores, en su mayoría priístas incurrieron en graves anomalías, sin embargo, no ha habido castigo para ellos y un caso preciso es el de Javier Duarte, aquí en Tlaxcala también tenemos nuestro Duarte pero como Tlaxcala representa un presupuesto muchas veces más pequeño que el de Veracruz no ha habido muchos reflectores pero si existe una situación de corrupción que hasta el momento persiste con la continuidad del gobierno de Mariano González”, dijo la legisladora.
Lorena Cuéllar lamentó que la corrupción vista en estados como Veracruz, Coahuila y Tlaxcala no sean castigados, lo que ha derivado en que haya menores recursos para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
Y es que como ejemplo expuso que el probable daño patrimonial de más de 200 millones de pesos detectado por la ASF significa más de 100 veces el presupuesto para obra pública de un municipio pequeño o la edificación de varias clínicas para atender a pacientes de Insuficiencia Renal, por lo que el abuso no es menor y es un duro golpe a las finanzas del estado; a la credibilidad de los políticos; a las condiciones de vida de los tlaxcaltecas y es una burla para aquellos que han muerto en los hospitales del estado por falta de medicamentos, equipamiento o personal.