• Tlaxcala
  • Pedro Sierra
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El berrinche de la comisionada Marlen Alonso Meneses de querer imponer a una persona no reconocida legalmente como secretario de acuerdos que fue rechazado por sus compañeros David Cabrera Canales y Francisco Morones Servin, derivó en la falta de cumplimiento de lo mandatado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de reinstalarla como presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP- Tlaxcala).

El incumplimiento de la orden del TSJE podría traer consecuencias para los tres comisionados como su destitución del IAIP e incluso que haya una acción de tipo penal que involucre a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

De acuerdo al artículo 40 y 49 de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, los responsables de haber incumplido la orden del TSJE podrían ser removidos del cargo, en este caso como comisionados del IAIP.

El párrafo segundo del artículo 40 señala que los comisionados gozarían de 48 horas más para dar cumplimiento al mandato del TSJE, de no hacerlo se podría informar a la PGJE para que ejecute una acción penal contra los tres indiciados.

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