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La razón es el rezago de juicios sin resolver tanto en el ámbito local como federal

Ciudad de México.- Para dar paso a la nueva reforma laboral, que arranca en octubre de 2020, algunos estados tendrán que gastar en dos sistemas de justicia laboral.

La razón, es el rezago de juicios sin resolver tanto en el ámbito local como federal, que podrían tardar hasta 8 años en resolverse, por lo que algunas entidades tendrán que destinar presupuesto y personal para sostener por varios años a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje a punto de extinguirse y los nacientes centros de conciliación y los Tribunales.

Según los planes de trabajo de las Juntas Locales, se considera asuntos en rezago aquellas demandas laborales que se presentaron antes del 2018. Sin tomar en cuenta los que se van sumando recientemente.

Cada una de las Juntas Locales diseñó una estrategia de trabajo, en donde se pusieron metas semestrales para concluir estos expedientes atrasados.

Así, en los mejores casos, en Durango, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, el rezago en los expedientes se terminaría en junio del 2022.

Para 2023, las dos juntas locales del Estado de México (Cuautitlán-Texcoco y Valle de Toluca) podrían terminar con el atraso en el trámite de expedientes. Lo mismo la de Guanajuato. Sin embargo, en estados como Baja California Sur se llevaría hasta el 2027 y en Tlaxcala, hasta 2028. Pero para llegar a estas metas, las Juntas requieren presupuesto y mayor personal.

Algunas autoridades, como las de Durango, advirtieron que para llegar a la meta establecida, requiere de la contratación de mayor personal jurídico, desde proyectistas, actuarios, secretarios de acuerdos y auxiliares administrativos.

Algunos de los fallos que presentan estos organismos es la falta de conciliación de las partes y un proceso de notificación ineficaz, que prolonga los juicios.

Otro problema es que en la ejecución de laudo (resolución de juez), la mayor incidencia corresponde a la imprecisión del domicilio del demandado.

Esteban Martínez, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, de la Secretaría del Trabajo, advirtió que a nadie le conviene que abatir el rezago de juicios laborales se prolongue a largo plazo, porque los gobiernos locales deberán destinar presupuesto y personal para seguir manteniendo a las Juntas de Conciliación.

Enfatizó que es de llamar la atención el caso de la Junta Local de Baja California Sur, donde el proceso para abatir el rezago de expedientes se prolongue hasta 2027.

"En el caso de Baja California Sur sí nos extraña que vaya hasta esa fecha porque en realidad tiene un número reducido de ingreso de demandas anuales. Es una cuestión de no fomentar el estímulo perverso de creer que por el hecho de que las juntas van a cerrar, algunas personas estén interesadas en que subsistan durante largo tiempo", subrayó Martínez.

En todo caso, dijo, el abatimiento del rezago es una condición que no puede retrasar la implementación de la reforma laboral, la cual mandata que el 1 de octubre de 2020, deben estar operando en las primeras 10 entidades de la República los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales.

"Se debe garantizar que todas las resoluciones o todos los laudos sean de calidad, porque si empiezan a dictaminar al vapor, es probable que les lleguen casos de rebote por amparo y el rezago nunca se va a concluir", manifestó.

El funcionario de la Secretaría del Trabajo consideró que la mayoría de las Juntas van lentas en el proceso de acabar con el rezago de los casos. Además de que también tienen la responsabilidad de transferir todos los expedientes registrales en su poder al Centro Federal de Conciliación, el cuál concentrará todos los documentos.

El abogado laboral Diego García Saucedo opinó que en la práctica, los casos se siguen prolongando en las Juntas y se retrasan los laudos.

"El Estado de México ha pregonado que tienen dinero suficiente para la implementación de la reforma y cuentan con todos los recursos materiales y humanos, pero eso dista mucho de lo que se vive en la realidad, porque tengo varios asuntos en Ecatepec y Tlalnepantla que están en la etapa de dictaminación y la realidad es que tienen poco más de un año en este proceso", subrayó el abogado litigante.

Ejemplificó que en la Ciudad de México, el personal adscrito a la Junta se encuentra en la incertidumbre porque no saben si perderán su trabajo.

Los estados que participarán en esta primera fase de la aplicación de la reforma fueron elegidos debido a que sus respectivas Juntas supuestamente van más avanzadas en la transición a tribunales y tienen el presupuesto y personal necesario.

De tal forma que la Junta Local de la Ciudad de México será contemplada en la tercera fase debido a que es la que recibe un mayor número de demandas laborales anuales.

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