En contraste de la rapidez con que actuó la Procuraduría General de Justicia en contra del director de e-consulta Tlaxcala Martín Ruíz Rodríguez, la delegación estatal de la PGR no actúa.
Pese a las 12 denuncias presentadas, el señalamiento directo, las pruebas documentales, videos y fotografías que acompañaron las demandas por agresión en contra de integrantes del MBM.
Mucha tinta ha corrido, pero la verdad es que la lentitud de la PGR en este caso es desesperante, no es la primera vez, ya son varias las denuncias que duermen el sueño de los justos.
Hasta ahora no hay respuesta alguna, pero lo que pasa al interior de la PGR podría explicar muchas cosas. Inquieta lo declarado por el procurador Jesús Murillo Karam.
Trata de remediar esa “maraña de estructuras que entorpecen decisiones y las relaciones clientelares y desorganización” que priva en la PGR.
Esto de acuerdo a lo que arrojó el diagnóstico que elaboró, en los últimos meses, Murillo Karam, a partir del cual se rediseñó la dependencia federal.
Dijo que se creará una fiscalía en la que se concentrarán todos los casos de investigaciones a víctimas, como el caso de desaparecidos, ataques a defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.
La estrategia, que ya fue enviada por escrito al Senado y será explicada por el procurador cuando comparezca, porque se requieren algunas modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría.
Además, como se adelantó hace unas semanas, se contempla la creación de nuevas unidades especializadas en temas como lavado de dinero, tráfico de drogas, piratería, tráfico de personas y de armas, entre otras.
Mientras no hay definición de perfiles y puestos en cada área, la asignación de plazas es discrecional, la comunicación deficiente o inexistente, la colaboración se da por amistades y no por norma.
Eso les hubieran dicho a los 12 comunicadores que fueron agredidos el primero de mayo, mientras nuestras legisladoras, bueno algunas de ellas en diferentes tonos han reprobado ese acontecimiento que lesiona a la sociedad.
Han calificado, como en el caso de la diputada federal Aurora Aguilar (PAN) quien calificó como gravísimo el hecho de quienes están a cargo de la educación de los niños, en franca violencia coarten el derecho a la sociedad.
Sobre todo de estar informada, y consideró se debe hacer valer la ley, y que quien haya cometido esta agresión y quien haya dado la instrucción de violentar los derechos fundamentales de los comunicadores debe enfrentar a la ley.
Dijo que es condenable, cualquier acto de violencia en contra del derecho de la sociedad a estar informada, y de quienes desarrollan esta labor.
Por su parte, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, exigió “terminar con las acciones de presión e intimidación a los medios de comunicación de esa entidad federativa”.
Reconoció la labor informativa y crítica que este medio de comunicación ha sostenido respecto de las acciones del gobierno del estado, no solo es pública sino también notoria.
Consideró que “la criminalización de las actividades periodísticas y editoriales de los medios de comunicación a instancias de los gobernantes, deben ser erradicadas de nuestra sociedad”.
Tras lamentar esta regresión a tiempos oscuros, La senadora del PT, Martha Palafox Gutiérrez dijo estar muy al pendiente en el Senado de la República a la Comisión Especial.
Concretamente, para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Está encabezada por el legislador y periodista Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante de la Fracción del Partido del Trabajo y participan los Coordinadores parlamentarios del PRD, PAN y PRI.
Ojalá y con los cambios que se avecinan en la PGR y la actuación en el Senado de esta comisión especial, desemboque en una revisión a la legislación estatal que en la materia es de las más atrasadas de este país… A VER QUE PASA.