Las observaciones realizadas podrían derivar en procedimientos administrativos, reintegros de recursos o responsabilidades legales, en caso de que el Ayuntamiento no logre solventar las anomalías detectadas.
Vecinos mencionaron que los propietarios del predio fueron impulsores de la campaña del actual edil, lo que aviva sospechas de trato preferencial y prioridades políticas por encima de la seguridad pública.
De acuerdo con los habitantes, el presidente municipal pretende permitir que una empresa almacene gas LP en un corredor donde conviven diariamente niños, estudiantes, familias y trabajadores.
Mientras el discurso oficial habla de “reforzar la seguridad”, los hechos demuestran que el municipio se ha vuelto un blanco fácil para los ladrones, y la confianza ciudadana en la autoridad local sigue en caída libre.