Mientras no exista una explicación clara sobre la selección del proveedor y la comprobación física de su operación, el caso alimenta la percepción de opacidad en el manejo de recursos públicos y fortalece las críticas hacia una institución que, en medio de exigencias de austeridad, parece alejarse de las prioridades ciudadanas.

Pese a las advertencias, la mayoría legislativa dio luz verde al decreto, dejando en suspenso la operación del sistema sanitario estatal y alimentando la preocupación de trabajadores y usuarios, quienes temen que la transición termine afectando la calidad del servicio y los derechos laborales.

Entre las principales bondades del decreto aprobado, destaca el fortalecimiento de la salud mental y del comportamiento adictivo, reconociendo estos temas como componentes fundamentales de la salud pública y priorizando su atención mediante un marco normativo más claro, actualizado y acorde a las necesidades actuales de la población.