...los responsables de las casillas electorales son los funcionarios, ciudadanos insaculados del listado nominal correspondiente, vecinos de los electores; capacitados por la autoridad electoral para cumplir su tarea en la jornada electoral. Ellos abren la casilla y reciben a los ciudadanos que deciden ejercer su sufragio, posteriormente cuentan los votos y hacen públicos los resultados. De manera adicional, los Partidos Políticos tienen la facultad de acreditar a sus representantes para dar seguimiento a la elección.
En la sección 16 de Apizaco, ciudadanos que fueron funcionarios de casilla –entre ellos un escrutador-, denunciaron la manipulación de los resultados electorales que se realizó al interior del Consejo Municipal, para favorecer al candidato tricolor, porque sin evidencia durante el conteo físico en la jornada electoral se contabilizaron 8 votos nulos y, ya en el escrutinio y cómputo municipal, aparecieron 80. Se afirmó públicamente que los votos “fueron cantados” y nadie se percató de la existencia de tantos votos nulos, por lo que no se entiende que posteriormente hayan aparecido tal cantidad de sufragios inválidos. Es oportuno señalar que los funcionarios no militan en Acción Nacional.
Son funcionarios que se sienten engañados y usados porque en su responsabilidad cívica, jamás contemplaron la posibilidad de alterar la voluntad de los ciudadanos para favorecer a un candidato y perjudicar a otro. Ellos denunciaron las irregularidades porque la autoridad electoral no debe manipular los paquetes electorales; debe resguardarlos y cuidar de manera escrupulosa que no se alteren para que, en la sesión de los cómputos electorales, se cumpla con la ley.
Por desgracia el Instituto Electoral de Tlaxcala ha dado variadas muestras de su parcialidad en sus decisiones, preferencia y sumisión al Partido Revolucionario Institucional para favorecer a sus candidatos y no respetar el veredicto de las urnas. Como muestra de su ineficiencia, la operación del sistema de resultados preliminares.
Es tal la soberbia de las autoridades electorales que, sin fundamento, ni facultad alguna, me negaron el derecho de representación en la sesión de escrutinio y cómputo, con el absurdo argumento de mi desempeño como legisladora federal, cuyo “cargo me impide formar parte del mismo”, acto que sólo denota ignorancia supina y un injustificable abuso de autoridad. Simulan al aplicar la norma. En algunos casos, para la defensa del voto, Acción Nacional acreditó a distintos legisladores ante los Consejos Electorales, ejemplo de ello es Baja California.
No nos sorprende: Hace seis años quisieron arrebatar el triunfo de Acción Nacional en Huamantla, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los elementos probatorios, nos dieron la razón e iniciaron procesos administrativos contra los funcionarios involucrados y un notario público que dio fe de hechos que favorecían a su hijo.
El árbitro debe aplicar la norma y tutelar cada etapa del proceso electoral local y, en particular el día de las elecciones, porque el ciudadano ha decidido manifestarse y tiene confianza en que su voto será contado y respetado. En el caso de Tlaxcala, es injustificable esta burda manipulación.
En Acción Nacional, con todos los medios legales a nuestro alcance, denunciaremos los hechos para evitar que se violente la voluntad democrática de los ciudadanos de Apizaco. En la democracia se gana o se pierde por un voto sí, pero jamás se debe reconocer un triunfo que ha sido producto de la alteración de los resultados, como es la anulación posterior de votos válidos. Eso es inaceptable.
RECUENTOS
El Consejo General del Instituto Federal Electoral detectó 200 millones de pesos de la Coalición “Compromiso por México”, conformada por el PRI y el PV, que gastaron y no reportaron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012. Esa acción deliberada es dolo y México no quiere interpretaciones a modo, porque eso es simulación. Quiere que termine la impunidad y se aplique la ley.