Tlaxcala tiene un reconocimiento internacional, desafortunadamente no por su desarrollo, por sus oportunidades de empleo, por sus corredores industriales, crecimiento económico o casos análogos; por el contrario, se nos identifica como un estado dedicado a la trata de personas, en específico, ciertas y determinadas áreas son ampliamente conocidas por dedicarse a esa actividad.
Parece ser que este flagelo no sólo no se ha podido disminuir, por el contrario, su crecimiento es manifiesto, no se busca el paliativo de decremento, sino de establecer verdaderos mecanismos que involucren a los tres niveles de gobierno, de los cuerpos de seguridad, organismos, organizaciones, agrupaciones civiles, ONG´S y sociedad en lo general, incluyendo a las agrupaciones y asociaciones internacionales, que establezcan un frente común que combata este tipo de actividad delictiva para vigilar que los derechos humanos, tanto de los victimarios y víctimas no se trastoquen.
En nuestro país y, más allá de sus confines, la “trata” es un asunto que desafortunadamente se asocia con un municipio de nuestra geografía, Tenancingo, en donde, de acuerdo a informaciones periodísticas, estudiosos del tema e investigaciones del delito de “trata”, están implicados un porcentaje considerable de su población en edad productiva.
Está población está involucrada de una u otra manera con esa actividad ilícita, que desde luego, es encabezada por los proxenetas o “padrotes”, maestros en el arte de engatusar a mujeres jóvenes, proponiéndoles matrimonio y casa en algunas ocasiones, en otras más, trabajo, ingresos altos y la posibilidad de salir de la miseria en que viven.
Una vez que han mordido el señuelo, son llevadas a casa de la familia del supuesto protector, para que a base de golpes, sean “convencidas” de que la prostitución es la mejor forma de salir de sus problemas económicos.
Como es lógico, esas mujeres siguen en la miseria y adquiriendo en la mayoría de las veces problemas de salud física y mental, no así sus “asesores” que amansan exorbitantes fortunas que les permite gozar de la opulencia involucrada con este infame negocio.
Negocio, el cual por cierto, no sólo es en nuestro país sino inclusive en el extranjero, estableciendo verdaderos imperios de poder, en donde confluyen políticos de primer nivel, autoridades federales, estatales, municipales, cuerpos policiales de todos los niveles, autoridades sanitarias, migración, aerolíneas y otras más, tal y como lo reveló al “Universal” Mario Luis Fuentes, director de estudios e investigación en desarrollo y asistencia social (SEIDAS), opinión que comparten asociaciones civiles y estudiosos del tema.
Se han realizado infinidad de intentos para erradicar esta problemática, pero sólo han sido eso, meros intentos, como son firma de convenios, tratados, decretos y leyes; se han creado institutos y reformado códigos para el incremento de penalidad para ese ilícito; también, se han dictado innumerables, conferencias, diplomados, entre otras.
Pero todo esto hasta la fecha ha resultado insuficiente, pues en lugar de disminuirse, este gran negocio se ha incrementado.
Cabe preguntarse cuál es el avance, los resultados tangibles, qué garantía podemos ofrecer a la sociedad para no verse involucrada en este ilícito.
De lo que se percibe, se concluye que el combate a este tipo de prácticas es mínimo, por la sencilla razón de la existencia de intereses de toda índole, llegando al colmo en algunos casos, que ni siquiera se dan datos estadísticos, so pretexto de la “secrecía” de las indagatorias.
Bajo el entendido de que la trata no es única y exclusivamente para ejercer la prostitución, pero sí es en términos globales, un porcentaje mayoritario dedicada a esta actividad; como es de verse, es necesario crear un frente común multidisciplinario para que todas las instancias gubernamentales, organismos públicos, agrupaciones sociales, ONG´S, organismos nacionales e internacionales, en la medida de sus atribuciones legales, deben conjugar, capacidades, experiencia, recursos tanto humanos como materiales, pero principalmente voluntades y establecer de forma permanente un programa regional para abatir el inhumano y aberrante delito de trata de personas.
No se trata de crear nuevas leyes, proyectos, programas o convenios; el marco legal existe, démosle vida a lo intangible, presentemos resultados serios, confiables, esto redundará en beneficio de nuestro estado, de nuestras comunidades, pero principalmente de nuestras mujeres jóvenes, para que no sean objeto o mercancía sexual, reciclable y desechable, rescatemos la dignidad de la mujer en toda su integridad.
Por todo lo anterior y al presentar este documento en el Pleno de la LX Legislatura, pido a mis compañeros diputados, no sólo a quienes les he compartido esta idea y comulgan con la misma, lo hago en lo general, para que se adhieran a este exhorto, firmando al calce del documento; de manera tal que no se trate de predicar en el desierto, por el contrario, sea el inicio de una gran cruzada nacional para detener esta práctica inhumana.
*Integrante de la LX Legislatura local