Mucho se ha dicho que “la información es poder”, claro siempre y cuando el poseedor de ella la asuma como un capital que puede invertir para asegurarse una ganancia, es decir, como mercancía de cambio, en tanto no la haga pública.
Es por ello lógico, desde esta perspectiva, que esta práctica haya sido y sea recurrente en el ejercicio del poder gubernamental con el auspicio, en la mayoría de los casos, de los medios de comunicación, donde la ganancia radica en la conservación o crecimiento del poder mediante el control de la información, con el detalle de que la información que maneja el gobierno es información pública y no privada, pero lamentablemente este hecho se pasa por alto, degradando así a la información pública a mercancía de cambio.
Es así que el “derecho a la información pública” que tenemos todos los mexicanos, resulta un derecho muy ambiguo, ya que el respeto de éste, dependerá de la conveniencia o no del gobierno, de ahí que la información pública cuenta con un sinnúmero de filtros que impiden que los ciudadanos común y corrientes tengamos acceso a toda la información a la que se supone tenemos derecho, y sólo tengamos acceso a una información restringida y manoseada que nos limita para contar con un panorama más o menos confiable de la situación y problemática que vivimos en el país y en nuestra entidad.
Tal es el hecho, que ante la falta de credibilidad que ha generado el poder gubernamental, así como de la lógica inconformidad de la ciudadanía respecto a la restricción de información, el gobierno ha tenido que implementar estrategias para legitimar el control de la información pública, muestra de ello es la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y en el caso de nuestra entidad, de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (Caiptlax), entes que sólo han servido precisamente, para legitimar la restricción de la información, con el pretexto de la defensa de la protección de datos personales.
Por ello, el fracaso tanto del IFAI como de la Caiptlax como garantes de que el gobierno transparenta la información pública a que todos tenemos derecho, es una consecuencia lógica, ya que el mismo aparato gubernamental es quien los regula, lo que ha provocado más una rendición de cuentas de estos institutos hacia el gobierno y no hacia los ciudadanos, de ahí que tal acción ha derivado en el “legítimo” uso de las prácticas de ocultamiento y manipulación de la información pública que ejerce el gobierno, pero en este contexto con el aval de organismos institucionales.
Y para muestra en la entidad, tantos botones como se quiera:
Un claro ejemplo de lo señalado lo tenemos en la revisión, análisis y en su caso aprobación o no de las cuentas públicas de los entes de gobierno fiscalizables, organismos autónomos y ayuntamientos, que el Congreso del Estado llevó a cabo recientemente, y cuyos resultados fueron muy cuestionados, ya que un grupo de diputados priistas y sus aliados utilizaron la facultad que les da el mayoriteo, y votaron la aprobación de cuentas con observaciones que no fueron solventadas o con falta de claridad en las mismas, pero con cantidades millonarias en daño patrimonial al estado, donde el ocultamiento de la información sobre el contenido de dichas cuentas fue una constante.
El caso de la recién aprobada “Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala”, es otro cínico ejemplo del ocultamiento y manipulación de la información pública, donde los principales afectados con la imposición de una nueva ley de pensiones como son los trabajadores y sus respectivos sindicatos fueron excluidos para conocer el contenido de dicha ley; así como varios diputados y organismos interesados, así como los medios de comunicación y los ciudadanos no tuvimos información al respecto de esta ley que se aprobó aproximadamente en 48 horas, tiempo record.
El caso del Poder ejecutivo del estado es muy revelador, ya que la falta de transparencia de los padrones de los programas sociales que opera; la escasa o en muchos casos nula información a la ciudadanía acerca de en qué y cuánto gasta el gobierno, por ejemplo en viajes al extranjero, en viáticos, giras, celebraciones y fiestas públicas y privadas o lo que se gasta en la “Feria de Tlaxcala” o las pérdidas reales provocadas hace aproximadamente un año por el concierto de Plácido Domingo, sólo por mencionar algunos de los muchos gastos que han afectado al erario público, es información que a cuenta gotas (en el mejor de los casos) o incompleta, se da a la ciudadanía, aunque a veces de plano el ocultamiento de información ha sido total.
Asimismo, la información de interés público sobre la forma en que operan y distribuyen los recursos públicos que hacen entes u organismos como el Poder Judicial, los sindicatos o el sector privado y Ong’s, esta en su mayoría restringida a la ciudadanía tanto por parte de dichos organismos como por parte del gobierno.
Con todo lo anterior, entonces podemos concluir que una buena parte de la información pública se ha hecho privada con la complicidad en el caso de Tlaxcala de diputados, funcionarios públicos, empresarios, entre otros organismos como la CAIPTLAX, instituto que ni siquiera se ha tomado la molestia de hacer un llamado enérgico a los organismos que ocultan parte o el total de información de determinados asuntos de interés público, o manipulan la información a su conveniencia.
Es evidente que seguimos en pañales en temas como “Transparencia”, “Rendición de cuentas” y el respeto al “Derecho a la información pública”. Y lo peor es que quizá así seguiremos, en tanto la información pública siga sirviendo a intereses particulares, políticos, económicos o cualquier otro que no beneficie a los ciudadanos.