Las recientes modificaciones a los Códigos Civil y al de Procedimientos Civiles; a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala que, entre otras afectaciones, quitará recursos y eliminará facultades a los ayuntamientos para que ahora sean ejercidos por el Ejecutivo estatal, aprobadas por el Congreso del Estado; la nueva Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Tlaxcala que sin previo análisis de los diputados que conforman el Congreso local ni conocimiento por parte de la clase trabajadora, fue también aprobada, ambas propuestas impulsadas por el Ejecutivo estatal y presentadas por diputados de diferentes fracciones; así como también la aprobación de varias cuentas públicas (en su mayoría de dependencias del gobierno del Estado) que concluyó hace aproximadamente un par de semanas con un exorbitante daño patrimonial a la entidad; son claros ejemplos de la subordinación de un poder a otro, hecho que prácticamente ha caracterizado, con una escueta oposición, los tres años de la LX Legislatura del Congreso local, donde los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, se encargaron de abolir el equilibrio entre Poderes al ponerse al servicio del Ejecutivo, y con ello ubicaron al gobierno del Estado por encima de la Soberanía popular, supuestamente representada por los legisladores en el Congreso local.
Resulta significativo el hecho de que a finales de 2011 primer año de la actual legislatura, más de la mitad de los 32 diputados que la integran, pertenecientes a los institutos políticos: PAN, PRD, PT, PS, PAC y una diputada del PRI, se unieron para defender lo que señalaron como “el respeto entre Poderes”. Ello como respuesta a la intromisión de la entonces delegada del CEN del PRI en Tlaxcala, Yolanda Eugenia González Hernández en lo referente al anteproyecto del Poder Legislativo 2012, motivo por el cual el grupo unificado de 19 diputados lanzaron un desplegado a nivel local y nacional, de inconformidad contra dicha intromisión y exhibieron la incapacidad del Gobernador, Mariano González Zarur para resolver los problemas en la entidad. Tal acción desembocó en la salida de González Hernández de la Delegación del PRI en Tlaxcala.
Esto bien pudo asumirse entonces, como un triunfo de dicho grupo de diputados en la defensa de “la autonomía del Poder Legislativo, el respeto entre Poderes y el estado democrático” como ellos lo refirieron en aquel momento. Lamentablemente, la falta de un liderazgo, las disputas al interior de los institutos políticos por las elecciones 2012 que se avecinaban y la falta de visión a futuro, dejaron a la deriva a dicho grupo de oposición cancelando así, la posibilidad de generar no sólo un equilibrio entre Poderes, sino ser un contrapeso propositivo y proactivo ante los excesos del actual Gobierno del Estado.
En adelante, la fracción del PRI logró sumar gradualmente aliados conformando un grupo mayoritario de diputados que inclinaría la balanza de las decisiones del Congreso a favor del Poder Ejecutivo. Este grupo lograría su consolidación a finales del segundo año de la legislatura con la cuestionada aprobación de la “Reforma a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Tlaxcala” la cual se llevó a cabo en medio de señalamientos hechos por diputados de partidos de oposición, quienes identificaron múltiples irregularidades cometidas durante el procedimiento para la aprobación de dicha ley, en la que sobresalió la intervención de la policía estatal que prácticamente se adueñó de las instalaciones del Congreso del Estado, e incluso utilizó la fuerza pública contra algunos diputados que se oponían a dicha reforma. La reforma se aprobó, pero más tarde varios artículos fueron calificados por la justicia Federal como “inconstitucionales”. De cualquier manera, el grupo progobiernista que ya sumaba una veintena de diputados contra aproximadamente 12 diputados de oposición, ratificaría su total respaldo a favor de los intereses del Gobierno del Estado, valiéndose de todo tipo de vicios, atropellos, ocultamiento de información y procedimientos cuestionables, lo cual se volvió una práctica recurrente en la aprobación de varias propuestas enviadas por el Ejecutivo estatal, tales hechos fueron evidenciados por algunos diputados opositores.
A punto de cerrarse el último año de trabajo de la LX Legislatura local, el grupo encabezado por los priistas logró sumar a unos cuatro diputados más, con lo cual se volvió una aplanadora logrando integrar en este grupo a algunos diputados del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano muchos de los cuales incluso fueron en contra de la ideología y disposiciones de sus propios institutos políticos, lo que les ha generado fuertes acusaciones de haber vendido las causas ciudadanas y el compromiso social. En contraparte, son menos de diez los diputados que han mantenido una posición en contra de la sumisión del Legislativo ante el Ejecutivo, entre los que sobresalen los pertenecientes a la fracción del Partido Alianza Ciudadana (PAC) instituto político identificado con el ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, algunos del PAN y PRD cuyas fracciones están divididas y del PS que si bien, no han logrado conformar un grupo que represente un contrapeso ante los diputados progobiernistas, se ha tenido que conformar con ser la piedrita en el zapato de éstos y seguir evidenciando los excesos del actual Gobierno del estado.
Todo lo anterior, sencillamente pone en entredicho la capacidad de los partidos de oposición para formar diputados comprometidos con su ideología y que asuman el compromiso social que adquirieron al protestar como legisladores; exhibe además, la división de grupos al interior de los diferentes Partidos, la fragilidad del Poder Legislativo local ante el Gobierno del Estado; así como las farsas de los diputados de la LX Legislatura que sucumbieron a los intereses de partido o a los personales o económicos (según acusaciones de la oposición), doblegando así, el Poder legislativo y la soberanía popular a los caprichos de un gobierno sistemáticamente lesivo.