A nivel nacional y estatal, ha quedado demostrado que, la creación de una institución que garantice el cumplimiento del gobierno mexicano; así como de los gobiernos de los estados, de dar a conocer a los ciudadanos la información pública a la que por ley tenemos derecho, si bien, no es un fracaso total, a más de diez años de la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), esta institución no sólo sigue en pañales respecto a garantizar que el gobierno brinde todas las facilidades para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información pública, sino que ha servido más, para que el gobierno federal legitime, no el ejercicio del derecho a la información, sino el ocultamiento de parte importante de ésta. En el caso de la entidad, a seis años de la existencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), esta dependencia no ha sido capaz de desligarse del poder gubernamental, y menos de garantizar que el gobierno cumpla debidamente, con informar a los tlaxcaltecas sobre todo lo que la ley en la materia establece. Más aún, la dependencia de la Comisión hacia el gobierno y hacia los partidos políticos, la mantiene en un laberinto donde todos los caminos van a la corrupción y la salida está tan complicada como la del laberinto donde encerraron al Minotauro de la mitología griega.
Es por ello, que la cantidad que la CAIPTLAX reciben anualmente, la cual supera los diez millones de pesos, cifra aproximada con la que, por ejemplo, se mantienen todo un año dos instituciones como son, el Instituto Estatal de la Mujer y el Instituto de la Juventud, o que equivale a cerca del doble de los recursos que recibe el Instituto de Atención Especializada a la Salud (ITAES) en todo un año; por lo que cabría la posibilidad de replantear, no sólo la cantidad que el gobierno está destinando a este organismo, sino la forma de operar del mismo, para que se pueda decir, que el dinero que se destina a la CAIPTLAX es una inversión y no un gasto infructuoso como lo ha sido desde su creación.
Hace sólo unos días, durante la presentación del tercer informe de actividades de la CAIPTLAX, el comisionado presidente de este organismo, sin el mayor desasosiego, dijo que “todavía falta mucho para que tengamos un proceso realmente transparente, pulcro”, esto al referirse a las designaciones que de los nuevos comisionados de este organismo, hizo recientemente el Congreso local. Es decir, tomando como referencia las declaraciones del propio presidente de este organismo, podemos establecer que, ni los propios comisionados que conforman el organismo, pasaron por una elección transparente, entonces, pregunto: ¿Cómo carajo van a garantizar el derecho a la información pública a los ciudadanos?, objetivo esencial para lo que fue creada la CAIPTLAX.
Por otra parte, la evaluación que realizó a los denominados “Sujetos Obligados” que son, a quienes la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública les concede ese carácter como es el caso de los tres Poderes del gobierno, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los Tribunales Administrativos, ha dejado mucho que desear, y en mi opinión, de ninguna manera refleja objetivamente, si el actuar de las dependencias evaluadas, puede decirse que goza de transparencia. El hecho de dar puntaje a las dependencias en aspectos como la asistencia de un representante de los organismos evaluados, a eventos como pláticas, conferencias, o a la presentación de la obra de teatro “Burbujas de la Transparencia”, me parece preocupante, cuando la mayoría de la ciudadanía desconocemos, por ejemplo, donde fueron a parar los “cientos de millones” que en 2013 no fueron comprobados por varias dependencias gubernamentales, y por qué el Congreso local, aprobó esas cuentas. Así mismo conocer en qué se ha gastado el gobierno el recurso de este año, cuando no se hicieron obras importantes que impactaran en beneficio de un número significativo de ciudadanos, o dónde quedaron los recursos no repartidos de programas sociales.
Indudablemente, la transparencia es un tema relevante; así como la rendición de cuentas, pero hay que reconocer que las instituciones encargadas de estos temas –además-, no cuentan con las armas sancionadoras para obligar al gobierno a cumplir con el derecho a la información al que tenemos todos los ciudadanos, derecho fundamental enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU. Ello aunado a la politización existente en estos organismos, y en el caso de Tlaxcala, a la dependencia alienada que tienen con el gobierno, impide el progreso de la CAIPTLAX en estos temas; por lo que de no salir de ese laberinto en el que está metida, el costo en recursos y en falta de información para los tlaxcaltecas seguirá siendo alto, y el recurso asignado a esta dependencia, seguirá siendo un gasto excesivo, no porque estos temas no ameriten invertir en ellos, sino por la pobreza en el trabajo realizado y la corrupción que permanece alrededor de la misma.