En nuestro país y en las entidades que lo conforman, la política actual se basa en principios democráticos cuya acción ideal legitima y permite la existencia de gobernabilidad, acción que es necesaria para un ejercicio del poder sin abusos ni autoritarismos por parte del gobernante.
Por tal motivo, el respecto a la autonomía entre los diferentes niveles de gobierno, el respeto del gobierno a los organismos autónomos y el respeto entre Poderes debe ser irrestricto; donde la comunicación, los acuerdos y consensos sirven para lograr una armonía entre dichos actores eliminando así, posibles obstáculos en la ejecución de la alta responsabilidad constitucional que deben al estado y a los ciudadanos.
Desafortunadamente, existen muchas lagunas en el sistema político mexicano que, impiden que aun cuando los gobernantes cumplan con lo previsto por la ley y hagan los acuerdos y consensos necesarios entre diferentes grupos para que así sea, los ciudadanos poco, casi nada, o nada resultamos beneficiados.
No así los gobernantes, o partidos políticos, u otros actores como los empresarios que han invertido su capital en el territorio con el fin principal de generar ganancias para sí mismos a expensas del erario público y de los ciudadanos que, tenemos que pagar altos costos por los servicios o mercancías que éstos ofrecen, y quienes finalmente son, todos ellos, los que obtienen las mayores ganancias.
Este escenario que, nos ha sido adverso a los mexicanos por décadas, entre otras cosas, debido a la deshumanización de los partidos políticos y gobernantes, quienes consensan y llegan a acuerdos mayormente, no para resolver la problemática económica, política y sobre todo social que nos aqueja desde siempre, sino la suya propia, se agudiza cuando el gobernante no se satisface con las amplias facultades que le confiere el estado democrático, sino trata a toda costa de asirse de más facultades, cayendo en el autoritarismo e intromisión en el ejercicio de otros Poderes, cuyos rasgos se inscriben en el umbral de la acción dictatorial.
En este contexto, el rechazo mostrado, la semana pasada, por el gobernador Mariano González Zarur hacia la aprobación de la Reforma Política a nivel federal, en el que criticó la intromisión que instancias federales –cometerían- en los estados porque vulneran su autonomía, según refirió. Ello de inicio pareciera una sorpresiva defensa de la autonomía de dependencias estatales como el IET, la CEDH y la Caiptlax contra el control de la federación, pero lamentablemente no lo es, o al menos, no lo parece en modo alguno.
Si atendemos la acostumbrada actitud autoritaria y controladora, por ejemplo, a través de la presión a estos entes con la limitante de recursos que, el mandatario tlaxcalteca ha mostrado a lo largo de su administración, esto nos arroja obviamente una lectura antagónica.
Pero ha ido más lejos. Una clara actitud de dicha índole que ejemplifica claramente lo anterior, pudo observarse en la intromisión que tuvo el gobernador en el ejercicio del Poder legislativo la semana pasada.
Con el mayor desparpajo, el pasado miércoles el mandatario estatal, quien en pleno discurso oficial, llamó a los diputados locales a realizar una modificación a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a efecto de definir de forma clara – según externó-, quién debe ser el presidente del Congreso del Estado y evitar que este cargo sea ocupado por alguien derivado de un acuerdo.
Es decir, no sólo estaría desconociendo al Presidente del Congreso, sino la legitimidad de los actos de este Poder e incluso da indicaciones a través de un supuesto llamado para modificar la ley. Esa contradicción se llama, intromisión de un Poder hacia otro.
Y lo más lamentable es la pasividad mostrada, no sólo por el Presidente del Congreso quien además trató de minimizar la acción del Ejecutivo, sino de todos los diputados con sólo la excepción de uno, que además ni siquiera es del partido donde milita el titular del legislativo.