Quizá mis dos lectores recuerden que después de la campaña presidencial del año 2012, quedo al descubierto la forma en que el PRI y su candidato Enrique Peña Nieto, se excedieron en los topes de gastos de campaña. El tope para aquella elección era de 336.1 millones de pesos y Peña a través de las tarjetas Monex y otros mecanismos financieros gastó 4 mil 263.8 millones de pesos, 12 veces más el gasto autorizado por el entonces IFE, este dato es de la comisión que dictaminó el caso en el Congreso de la Unión; sin embargo, el PRI no reconoció el monto, aunque años después el IFE y su unidad de fiscalización validó el exceso en el tope de gasto de campaña de Peña Nieto, pero ya nada se pudo hacer pues el gobierno priista ya estaba en funciones.
Resultado de esa triste experiencia, y otras más, se dieron diversas modificaciones a la ley electoral. El IFE se transformó en INE, las atribuciones de fiscalización de los gastos de campaña se modificaron para que sean atendidos con mayor prontitud y transparencia y se buscó controlar con diversos mecanismos el gasto de los partidos tanto en el ejercicio ordinario como en las campañas. Ese sistema ya se puso en práctica con la elección intermedia federal del año pasado y con diversas locales, hay huecos legales que están siendo evidenciados, sé que habrá quien diga que no importa lo que diga la ley, pues siempre habrá quien busque la forma de darle la vuelta, puede ser cierto, pero hay que seguir insistiendo con el tema de las regulaciones.
Llevamos dos semanas del proceso electoral de este 2016 en su campaña para gobernador. El tope de campaña es de 8 millones 189 mil pesos (Acuerdo74 del ITE), se distribuirán 19 millones de pesos para la campañas, repartidos a los partidos políticos en función de la última votación alcanzada en la última elección, de ese monto, el 40 por ciento será para la campaña de gobernador, el otro 40 para diputados y el 20 restante para presidentes municipales.
Refiriéndome sólo a la campaña de gobernador, el PRI y sus aliados tendrán poco más de 3 millones 90 mil pesos, el PAN 1 millón 265 mil y el PRD 1 millón 142 mil pesos, como la ley establece que ese monto debe prevalecer sobre el financiamiento privado y no hay reglas claras respecto de ese dinero, pues cada partido podrá disponer de la misma cifra menos un peso de la suma señalada.
De tal forma que con el recurso público y privado, el PRI y aliados podrían gastar más de 6 millones 181 mil pesos, el PAN 2 millones 530 mil y el PRD 2 millones 284 mil pesos. La diferencia es brutal y desde mi punto de vista vulnera el principio de equidad. De hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ya advertía de esa inequidad que hay del partido más votado y el resto para distribuir el gasto. En Tlaxcala, el partido Encuentro Social sólo podrá gastar en total 416 mil pesos contra los 6 millones 181 mil del PRI, pues me parece un despropósito, además el candidato independiente, de plano sólo accederá a 130 mil pesos y si tiene financiamiento privado llegará a los 260 mil pesos, 23 veces menos el monto del PRI. La inequidad ya se observa en los espectaculares que inundan Tlaxcala.
Además, se habla del manejo de dinero “por debajo del agua” la cifra es incalculable. Con todo, se espera que los vicios del manejo del recurso no sean una constante, y que por el contrario dentro de poco se corrija la ecuación. Porque de cualquier forma el dinero no ha sido determinante en el triunfo de candidatos a pesar de la innegable inequidad.
De por ahí…
Debemos seguir impulsando la presentación de la 3 de 3, en todos los ámbitos electorales y luego en el ejercicio de gobierno; pero además dar el siguiente paso al sistema estatal anticorrupción y la adecuación a sistemas municipales anticorrupción.