• Ángelo Gutiérrez Hernández
Tlaxcala y México requieren resarcir el pendiente histórico que tiene con sus adultos mayores, y solo se logrará con la creación de políticas públicas a favor de ese sector, que hasta ahora vive en incertidumbre y en un abandono que los orilla a la miseria que en muchos de los casos preferirían no haber llegado a esa edad.

 
Nuestros adultos mayores no necesitan ni merecen de migajas, porque ya trabajaron por y para nosotros, lo que requieren es que sus derechos les sean reconocidos.  No basta con una pensión asistencial, sino de acciones de Estado que mejore su bienestar y tranquilidad.
 
Históricamente, desde mediados del siglo XVIII, por razones económicas y laborales, se procedió a la división de edades. Con el inicio de la Revolución Industrial europea, la división social del trabajo implicó la división de las edades a partir de la funcionalidad productiva. Ese acontecimiento histórico definió dos cosas: por una parte, una perspectiva economicista del ciclo de la vida, la cual es asociada a valores de productividad o improductividad y, por otra parte, la estandarización de la edad productiva según condicionantes de la salud.
 
Sin embargo, en México y Tlaxcala, la población adulta mayor va en incremento. A nivel  país, si en la década de 1970 el mayor volumen del bono demográfico lo representaban las edades de 5 a 30 años promedio, para 2050 se aprecia dicho volumen oscilará entre los 50 a 70 años de edad. Cabe destacar que las mujeres son las que tienen mayor expectativa de vida con 78 años que los varones con 74 años. De ahí la necesidad de prepararnos
 
Con ello se puede inferir, aunque los gobiernos como el del Tlaxcala no lo hace, que los impactos del envejecimiento de la población, calculados demográficamente permiten conocer que las demandas de atención son en el rubro de salud: en los tres niveles de atención: medicina familiar, especialidades y rehabilitación; protecciones sociales: esto debido a que la seguridad económica, es decir, las jubilaciones y pensiones tienden a desaparecer en el futuro mediato; entornos propicios y favorables: medio ambiente, familia y desafíos ante la discriminación y violencia; disposiciones residenciales: movilidad para cohabitar en residencias familiares u otro tipo de alojamientos, así como también tendencias migratorias;  y  educación: formación de profesionales en gerontología.
 
Todo ello se hace necesario porque es una realidad la crisis de los sistemas de salud y de jubilación. Son éstas últimas las que tienen en jaque a nuestros adultos mayores, porque desde hace más de una década se privatizaron éstas bajo el esquema de las administradoras privadas para el retiro (Afores) y el uso de los fondos de pensiones utilizados en inversiones especulativas (mercados de valores), han dado como resultado saldos magros aumentando la inseguridad social. Los ahorros de los trabajadores decrecen y las ganancias de las administradoras aumentan, además que de la población mexicana, 58.7 por ciento no tiene seguridad social  y año con año este porcentaje crece debido al incremento del empleo informal y sin prestaciones.
 
Por ello, en nuestra entidad, cifras oficiales dan cuenta que solo 105 mil 630 adultos mayores tienen acceso a una pensión. Casi 65 por ciento de ellos lo recibe del apoyo que otorga Sedesol; 3 por ciento de Pensiones Civiles del estado, casi 10 por ciento del ISSSTE y 25 por ciento del IMSS, aunque la mayoría no tienen ingresos superiores a los 5 mil pesos mensuales y en contra parte, casi 70 por ciento, solo accede a 700 pesos mensuales que les otorga la Federación.
 
Con esto, se hace urgente establecer acciones y políticas públicas para este sector con la implementación de programas pertinentes en materia de educación a familias: subsidio económico a los familiares que tengan personas mayores de 60 años y más o a los cuidadores informales, además de generar esquemas de recontratación laboral (con derechos laborales y responsabilidades) para adultos mayores que estén en condiciones de salud para trabajar y de paso, elevar a rango constitucional los derechos humanos del adulto mayor y judicializar las protecciones sociales, económicas y de acceso universal a los servicios de salud en los tres niveles de atención.
 
De no hacer eso, los gobiernos y la sociedad, daremos un golpe mayor a nuestros adultos mayores y los llevaríamos a vivir, los últimos años de su vida, en la zozobra, en la incertidumbre y en la miseria, que desearían no haber llegado a esa edad.