En el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018 elaborado por la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellekt Consultores se asegura lo siguiente “Durante los primeros 8 meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. Dichas agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal; adicionalmente 44 familiares de actores políticos también perdieron la vida”[1].
Sólo en las dos últimas semanas han ocurrido tres asesinatos. El día 31 de mayo, en Guerrero, mataron a Rodrigo Salado Agatónal quien era candidato del PRI-Verde a una regiduría del municipio de San Marcos (Guerrero); el dos de junio en la madrugada fue encontrada sin vida Juana Maldonado candidata a diputada local por el Partido Verde. Ella se postulaba por el distrito II con cabecera en Huachinango (Puebla). La misma madrugada del dos de junio, en Oaxaca mataron a Pamela Itzamaray Terán Pineda candidata a presidenta municipal de Juchitán (Oaxaca) y postulada por el PRI-PVEM. El pasado viernes 8 de junio en Piedras Negras (Coahuila) a la salida de un debate, un sicario mató a Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal y postulado por el PRI.
Algunas personas han tratado de explicar este fenómeno asegurando que o algunos de estos sucesos no guardan relación con el proceso electoral o bien que las personas asesinadas mantenían relación con el narcotráfico. Sin embargo, parece precipitada, evasiva y poco responsable dicha afirmación. Afirmar que el asesinato de un candidato no guarda relación con el proceso electoral es invisibilidad una problemática de mayor envergadura, pues por encima de todo, a quien se mata es a un candidato. Esto tiene un nombre especifico y se conoce con el nombre de magnicidio. El magnicidio tiene como finalidad mandar un mensaje de comunicación política al Estado y a la sociedad: nadie, ni si quiera el propio Estado, puede imponer reglas a las reglas de los criminales.
La prevención, y en su caso, la sanción del magnicidio, significa antes que nada una responsabilidad del Estado, además, y al decir de algunos autores, incluso puede considerarse como un delito de lesa humanidad, lo que llevaría a la posibilidad de investigaciones internacionales sin posibilidad alguna de prescripción.
Sea como fuere, es Estado Mexicano está obligado a adoptar medidas urgentes para evitar continúen estos delitos. Deben ser acciones contundentes tanto en la prevención como en la sanción. México no merece más sangre.
[1] Véase el siguiente link: http://www.etellekt.com/reporte/cuarto-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html#