En un país donde reinan la corrupción y la impunidad, el castigo contra una clase política nefasta es un clamor popular. Durante sexenios, nuestros gobernantes simularon el combate a estos dos cánceres con discursos rimbombantes y con la creación de nuevas instituciones supuestamente vigilantes y autónomas.
Usted y yo sabemos, estimado lector, que en la práctica esos discursos y esas nuevos organismos públicos -como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales- solo sirvieron para legitimar el saqueo de la nación.
La estructura de corrupción e impunidad del viejo régimen se mantuvo intacta durante los gobiernos del PRI y del PAN. Sin importar el partido político, en los últimos sexenios el poder público se puso al servicio de unos cuantos para desmantelar a México y amasar ilegalmente inmensas fortunas.
Hoy, como nunca antes, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto podrían ser enjuiciados y castigados, en caso de ser culpables. Eso era simplemente inimaginable hace solo un par de años.
Para dar legitimidad popular al juicio contra los exmandatarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que el tema se someta a una consulta en los términos que establece el artículo 35 de la Constitución.
Por eso, el pasado fin de semana ya comenzó una movilización de simpatizantes y activistas de Morena para sumar, por lo menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal; mientras que senadores del mismo partido se dieron a la tarea de reunir las firmas del equivalente al 33% de los integrantes de esa Cámara.
El enjuiciamiento a los expresidentes debe ser considerado como un claro ejemplo de combate a la corrupción y a la impunidad que imperan en nuestro país desde hace décadas. Nuestros corruptos exgobernantes no pueden seguir siendo personajes intocables.
Es fundamental que por fin se castigue a los culpables del saqueo de la riqueza nacional. Se debe terminar con el pacto de impunidad y con las complicidades oscuras que existieron entre los gobiernos del PRI y del PAN. Se debe desterrar cualquier aliciente de la corrupción y estigmatizar esta práctica.
Pero la lucha contra este cáncer no será fácil, los tentáculos de la corrupción y la impunidad están en lo más profundo de nuestro sistema político. Erradicar esas nocivas prácticas llevará muchos años, pero comenzar con un juicio contra los saqueadores del país es un paso muy importante.
De concretarse un juicio sólido y apegado a Derecho en contra de los expresidentes de México, el gobierno de López Obrador demostrará en los hechos que el combate a la corrupción va en serio y que no se trata más de discursos huecos y de simulación.
El combate a la impunidad y la corrupción requiere de un esfuerzo titánico que debe redundar en beneficio del pueblo. Ya basta de que la política sea utilizada para satisfacer los apetitos de personajes indeseables que abusan de sus cargos para robar y hacer negocios turbios con los recursos públicos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y con la Secretaría de la Función Pública, el daño económico de la corrupción en México alcanza entre 5% y 10% del Producto Interno Bruto. Lo anterior significa que casi una décima parte de todo lo que produce el país en un año se pierde en corruptelas.
Imagine usted, estimado lector, qué sería de nuestro país si todo ese dinero perdido y robado que termina en las manos de unos pocos se hubiera invertido desde hace décadas en mejorar el sistema de salud pública, la calidad de la educación, los servicios públicos y la infraestructura. Definitivamente, México sería otro país.
Como siempre, mi total agradecimiento y respeto a quienes me brindan un momento de su tiempo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.