Para nadie es un secreto que la población de cualquier localidad genera a diario varias toneladas de basura y que su manejo de manera sustentable constituye un reto abierto que requiere de una cuantiosa inversión y coordinación.
No se trata sólo de separar la basura, sino de procesarla de tal forma que no represente un riesgo tanto materia de contaminación del subsuelo, como del agotamiento irresponsable de los espacios destinados para su confinamiento.
De ahí que si bien en Tlaxcala, esa acción depende en gran medida del gobierno estatal, los ayuntamientos como instancias autónomas contribuyan al logro de ese propósito.
Y sea más que justo que la Secretaría de Medio Ambiente tome las medidas necesarias para que sea una actividad financieramente sustentable.
Evidentemente, la operación de los denominados rellenos sanitarios requiere del financiamiento público por parte tanto de la administración estatal, como de los municipios que los utilizan.
En consecuencia, resulta positivo que el gobierno estatal, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente haya reconvenido a los ayuntamientos de Apizaco, Huamantla, Panotla y Zacatelco para que cumplan oportunamente con el pago correspondiente.
No se trata de un tema coloquial, sino de la atención de una problemática actual de evidentes beneficios sociales que deben ser atendida de manera oportuna para evitar que cobre dimensiones insospechadas que en un momento dado lleve a que su operación sea insostenible.
Los gobiernos de esos municipios que utilizan los rellenos sanitarios operados por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, tienen a la fecha un retraso de once meses en el paso de pago de los derechos causados por la prestación del servicio de recepción de sus residuos.
Por tanto, aunque pareciera extremo, se justifica plenamente la determinación de dejar de recibir sus residuos sólidos urbanos.
Con ello, el gobierno del estado de Tlaxcala lejos de afectar a los habitantes de Apizado, Huamantla, Panotla y Zacatelco, conmina a sus ediles dejar de eludir su responsabilidad y cumplir con sus obligaciones.
Es claro que, si 56 de los 60 municipios que hacen uso de los rellenos sanitarios a cargo de la administración estatal, a la fecha han cubierto los pagos correspondientes, los cuatro restantes tienen la obligación de hacerlo.
Y con ello, garantizar que las y los habitantes de sus respectivos territorios no se conviertan en víctimas de una afectación colateral, de que sólo sus ediles serán responsables.
No hay más, los once meses en que no han cumplido con las aportaciones que les corresponden, dejan en claro que no tienen voluntad de hacerlo.
Y no le dejan a la administración que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros más opción que actuar en consecuencia.