En México la pena por cometer tala ilegal es de 2 a 15 años de prisión, según una reforma hecha por el poder legislativo en 2021. Sanción que pretende frenar este delito presente en al menos 20 estados de la República, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los esfuerzos nunca han parado. Es un problema añejo que le ha hecho daño a todo el mundo, a nuestro país y a nuestro estado. “Se va a Dictar en Breve una Ley Forestal” se leía en una nota del diario El Universal el 27 de enero de 1926, que especificaba el interés del presidente de la República por regularizar la explotación de los bosques.
Pero han pasado las décadas y nada, es lamentable que a veces por intereses económicos sean los propios pobladores que fomenten el silencio y sean cómplices de los delincuentes que provocan este mal a nuestros bosques.
Y es que la tarde del miércoles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de Policía de Montaña, aseguró una unidad cargada con materia prima verde en el área perimetral del Parque Nacional Malinche.
Esto provocó que un grupo de pobladores presuntamente dedicados a la tala clandestina agrediera físicamente al personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) e incendió su vehículo para impedir que se llevaran la unidad.
Pero las autoridades y guardianes del orden no se amedrentan ante estas acciones delincuenciales, por el contrario, en esta nueva historia, dentro del área natural protegida se han hecho 106 acciones forestales en las que han participado 395 elementos de las instancias estatales y federales.
Con 31 recorridos de inspección, así como de vigilancia, nueve inspecciones a predios con notificación de saneamiento forestal y se aseguraron 31 vehículos portadores de materia prima forestal, entre otras acciones.
Por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar, se mantienen trabajos de inspección y vigilancia permanente en el área natural, a efecto de verificar que las acciones que se realicen dentro del parque para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, y prevenir ilícitos ambientales.
Y si bien es cierto que es responsabilidad del gobierno combatir este flagelo, también es tarea de toda la sociedad hacerlo.