En Palacio de Gobierno deberían encender los focos rojos sobre el actuar de sus autoridades, pues lo ocurrido la mañana de este lunes en plena Plaza de la Constitución, representa un mal presagio para un gobierno que se precie de ser democrático pues, de no analizar adecuadamente su actuación, podría generar un verdadero hartazgo social en contra de sus autoridades y convertirse en una bomba de tiempo.
Al secretario de Gobierno panista, Sergio González Hernández, le debe quedar claro que las manifestaciones públicas constituyen un fenómeno social que ha adquirido una gran importancia, pues más allá del origen de los movimientos, representan una clara señal de que las cosas se encuentran mal y que, de no actuar en consecuencia, la protesta social se puede acrecentar al grado de tomar otras dimensiones.
Sería bueno que el responsable de la política interna le dedicara escasos cinco minutos de su vida para leer lo que establece la Constitución en sus artículos 6°, 7° y 9°, para que tenga una idea clara de lo que representa el derecho a la manifestación donde se señala claramente que todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión de sus ideas y que éstas no podrán ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, que la libertad de difundir opiniones por cualquier método es inviolable y que ninguna autoridad podrá coartar el derecho de reunirse o asociarse, muchos menos podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto presentar una petición o una protesta por algún acto a una autoridad.
Y es que lo ocurrido ayer, cuando granaderos evitaron que trabajadores del sindicato 7 de mayo instalaran un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno, a todas luces se trató de un acto de represión que ni el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se atrevería a realizar y cuya actuación envía una pésima señal a los propios ciudadanos sobre el actuar de la gobernadora del Estado, si es que ella dio su consentimiento para actuar de esta manera.
En todo caso, algo que deberían tener presente en el Poder Ejecutivo, es que las constantes manifestaciones, no son más que el reflejo de la falta atención que brindan instancias como la Dirección de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia en el atestado (PGJE), la Secretaría de Educación Pública en el Estado y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Uset), entre otras dependencia donde existe un nulo trabajo de contención de las problemáticas.
Y si no lo cree usted, basta poner como ejemplo el caso de las escuelas donde se han denunciado el robo de cuotas escolares, pues bastó con que los padres de familia de la Secundaría Técnica No. 1 denunciarán el robo de casi medio millón de pesos a cargo de la presidenta del Comité de Padres de Familia, la también excandidata a la gubernatura del Estado, Liliana Becerril Rojas, para que de inmediato los padres de familia de otras instituciones hicieran lo propio, como ya ocurrió en San Pablo del Monte donde una madre utilizó los recursos para financiar su boda o Tepeyanco, donde una servidora de la nación fue acusada de robarse 180 mil pesos del programa la Escuela es Nuestra.
Pero esos no son los únicos casos, pues en el norte del estado, existen por lo menos otros cuatro casos donde padres de familia a quienes les confiaron los recursos de cuotas escolares, se han apoderado ilegalmente de ese recurso para fines personales.
Y si bien, todo indicaría que se trata de un asunto entre particulares, resulta que en todos los casos, lo primero que ha salido a la luz pública, es que han sido los directores de las instituciones, los primeros en exigir como requisito legal para las inscripciones de los estudiantes, el pago de las cuotas escolares, lo que en automático convierte el problema en un asunto institucional que no quiere ser atendido en este caso por la Sepe-Uset.
Por si fuera poco, cuando los afectados acuden a la PGJE para denunciar, además de recibir un trato inadecuado del personal, de plano les exigen que sean ellos mismos los que se encarguen de realizar el proceso de investigación y aporten las pruebas de sus acusaciones, incluso que distribuyan citatorios y otros documentos, pues su personal, además de no tener tiempo, no cuentan con el combustible para mover sus unidades.
Ojalá entiendan las autoridades que mientras no actúen en consecuencia, el encono social seguirá acrecentándose y con ellos, la posibilidad de que este tipo de manifestaciones también se agudicen. Al tiempo.