La encuesta mensual de aprobación presidencial de El Financiero publicada ayer, refleja el crecimiento delafascinación que tienen los mexicanos con Andrés Manuelópez Obrador -66%, el nivel más alto desde diciembre de 221-, que apunta a que le seguirán perdonando las deficiencias en la gestión de su gobierno y las promesas incumplidas, como el combate a la corrupción. Seis de cada 10 mexicanos consideran que en materia de corrupc
La designación del jefe militar
Gabinete: avanza Claudia
Un mal día para la libertad de prensa
Lo sabe perfectamente.
Desde hace unos dos años el fiscal general Alejandro Gertz Manero comenzó la protección legal de sus hijos, y el monstruo en el que se convierte López Obrador cada vez que le plantean sus presuntos actos de corrupción, refleja de alguna manera el temor de que una vez que entregue la banda presidencial, su familia será vulnerable. Debe saber el presidente que las investigaciones periodísticas sobre la corrupción de la familia López Obrador y sus cercanos no se detendrá, lo que ayuda a entender su empecinamiento para aniquilar civilmente a Carlos Loret y financieramente a Latinus, que han sido el vehículo más eficaz para ventilarla.
López Obrador necesita que el escudo de protección sea transexenal, y ya se está armando. Gertz Manero se mantendrá como fiscal general cuando menos por un año en donde se toparán las denuncias por corrupción que lleguen contra las personas de interés del presidente. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, como lo desea, regresará la opacidad del siglo pasado. La Función Pública también estará blindada, con Raquel Buenrostro, incondicional a López Obrador, como la encargada de despacho de esa secretaría.
La designación de Buenrostro por la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, fue interpretada en algunos sectores como un tapón para las denuncias de corrupción dentro del gobierno. No significa que la Secretaría de la Función Pública no lo haya sido durante el sexenio, pero sí es un candado de seguridad. Pero por si acaso y por las dudas, en lo que resta de la administración obradorista se cerrará el caso paradigmático de la corrupción del gobierno, en la dependencia que se creó en este sexenio, Seguridad Alimentaria Mexicana, donde el fraude asciende a 15 mil millones de pesos -hasta ahora-, que es tres veces más que la llamada Estafa Maestra, que se consideró el más grande acto de corrupción en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Segalmex es el caso más claro de encubrimiento. Cuando el estallido de la corrupción hizo inviable que su primer director, Ignacio Ovalle, amigo muy cercano de López Obrador que le dio su primer trabajo a nivel federal hace más de 40 años, pudiera mantenerse en el cargo, el presidente aseguró que era inocente y que lo habían engañado sus colaboradores. La Fiscalía General solicitó 56 órdenes de aprehensión, de las cuales solo ejecutaron 10, y dos de las personas detenidas están en libertad bajo fianza. El funcionario más importante detenido es René Gavira, que fue director administrativo de la empresa, acusado de daño a las finanzas públicas por 140 millones de dólares.
No deja de ser altamente irónico que Gavira, quien antes de llegar a Segalmex ya había enfrentado sanciones por irregularidades administrativas, no era una persona que llegó de la mano de Ovalle, sino que era un recomendado de Buenrostro, la próxima secretaria de la Función Pública, la primera comisaria política del presidente -en su cargo como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda- en la cruzada contra la corrupción, que desarticuló el sistema de distribución de medicamentos sin haber metido a nadie en la cárcel por presuntos actos ilegales, causando un desabasto que provocó la muerte de niños con cáncer.