En la Fiscalía de Tlaxcala, hay un movimiento que podría poner en juego algo más importante que unos cuantos convenios: el prestigio de la propia institución. Y todo apunta a que el origen del problema es un personaje que, aunque ocupa una posición de alto impacto, actúa con la improvisación de un "pasante" que sigue buscando cómo hacer de la comunicación un negocio personal.
Recientemente, este funcionario —quien ya ha pasado por la oficina de comunicación del Ejecutivo local— ha comenzado a prometer convenios con medios especializados en nota roja.
Su justificación: "intentar parar" el golpeteo mediático por la crisis de inseguridad que azota al estado. Esto levanta alarmas, no solo por la dudosa estrategia, sino porque lo que en realidad se está buscando es controlar la narrativa a base de billetes, y todos sabemos lo que sucede cuando se comienza a caminar por esa delgada línea.
No es la primera vez que este "pasante" hace de las suyas. Durante su comisión pasada, como encargado de la comunicación del Ejecutivo, se le conoció por aumentar las cantidades que se pagaban en publicidad a algunos medios, pero claro, no sin asegurarse de que una buena parte de ese incremento fuera a parar a su bolsillo. Los rumores sobre estas prácticas sonaron fuerte en los pasillos del gobierno, y posiblemente de pie a una investigación formal.
Ahora, en su nueva encomienda dentro de la Fiscalía, el esquema parece repetirse, y el riesgo es mayor. No solo se trata de dinero público utilizado con poca transparencia; está en juego la credibilidad de la Fiscalía y, peor aún, de la Fiscal.
Todo para lograr una calma mediática comprada, que en el fondo no resuelve la crisis de inseguridad que aqueja a la entidad, sino que solo la maquilla temporalmente.
Si algo debe prevalecer, es la transparencia y la honestidad. Este "bisne" que ya se está gestando no es solo un tema de medios de comunicación, es un problema ético que podría empañar la reputación de toda la institución por unas monedas.