La noticia de la aprehensión de Marilyn N., quien se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, nos deja con un sabor amargo. No solo por la vulnerabilidad de quienes confiaron en ella, sino por la profunda ironía que envuelve el caso. La Fiscalía General del Estado de Puebla, en colaboración con la FGJ de Tlaxcala, logró detener a esta mujer por usurpar una profesión que requiere de años de estudio y compromiso.
Es de aplaudir la acción de las autoridades en este caso. Sin embargo, la ironía reside en que, durante diez meses, el encargado de comunicación de la FGJ de Tlaxcala también usurpó funciones, ejerciendo como licenciado sin contar con la preparación y el título necesarios. ¿Cómo es posible que la misma institución que busca justicia para víctimas de un fraude, permita que uno de sus propios miembros actúe con impunidad?
Este caso nos recuerda que la lucha contra la corrupción y la impunidad no solo debe enfocarse en la sociedad, sino también en las propias instituciones. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar que se repitan estos escándalos. Es necesario que las autoridades se autoevalúen y garanticen que quienes las representan cumplan con los requisitos legales y éticos para ejercer sus funciones.
La ironía es que la FGJ de Tlaxcala, en su afán de combatir la usurpación de profesiones, parece haber olvidado que en sus propias filas se escondía un impostor.