La Constitución mexicana establece reglas claras para la elección de jueces, magistrados y ministros. Las personas interesadas deben cumplir con requisitos constitucionales y legales, los cuales son evaluados por Comités de Evaluación formados por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hasta hace unas semanas, los Comités realizaban su trabajo sin contratiempos. Sin embargo, recientemente dos jueces de distrito concedieron amparos que obligaron a suspender las actividades de los Comités. El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación detuvo su procedimiento.
El conflicto escaló cuando el Tribunal Electoral ordenó que el Comité reanudara sus actividades. Ante este panorama, el Comité solicitó la intervención del Pleno de la Suprema Corte, que ahora enfrenta el reto de resolver esta situación: ¿Debe o no continuar con su procedimiento el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación?
La Suprema Corte enfrenta un dilema complejo. Si ordena que el Comité reanude sus actividades, ignoraría una suspensión previamente otorgada por miembros del mismo Poder Judicial, lo que podría interpretarse como una contradicción o un golpe a su propia credibilidad. Por otro lado, si decide que los Comités no pueden continuar, renunciaría a la oportunidad de influir directamente en la selección perfiles para estos cargos.
El escenario recuerda al icónico caso de Marbury vs. Madison en Estados Unidos, en el que el presidente de la Suprema Corte, John Marshall, enfrentó un dilema similar. En 1801, las tensiones entre federalistas y republicanos alcanzaron su punto más alto cuando el presidente saliente John Adams nombró a 42 jueces en los últimos días de su mandato, conocidos como los "jueces de medianoche". Al asumir el poder, Thomas Jefferson y su secretario de Estado, James Madison, se negaron a entregar los nombramientos pendientes. Uno de los afectados, William Marbury, exigió que se le otorgara su cargo a través de un recurso legal.
Marshall, quien había sido líder del Partido Federalista, sabía que cualquier decisión fortalecería al Poder Ejecutivo y debilitaría al Judicial. Por ello, encontró una solución creativa: determinó que Marbury tenía razón, pero declaró inconstitucional la ley que había invocado. Así, sacrificó el derecho de su compañero de partido, pero estableció el principio fundamental de que el Poder Judicial es el único intérprete legítimo de la Constitución. Este movimiento consolidó el poder de la Suprema Corte en Estados Unidos.
La situación actual en México refleja tensiones similares. Aunque el contexto es diferente, el trasfondo sigue siendo el mismo: ¿quién tiene la última palabra en el sistema de justicia? La decisión que tome la Suprema Corte será crucial, pues fortalecerá o debilitará su credibilidad como el máximo órgano de justicia del país.