Abel Velázquez
El video publicado por Octavio Ortega, coordinador de comunicación del gobierno de Tlaxcala, en el que supuestamente "aclara" que no ha amenazado a comunicadores, es un ejercicio de simulación digno de análisis. Con tono mesurado y lenguaje cuidadoso, Ortega intenta deslindarse de las acusaciones que lo señalan como un operador que amedrenta a la prensa cuando le conviene. Sin embargo, lo que no se dice en ese vídeo es tan revelador como lo que sí se expone.
El gremio periodístico en Tlaxcala no está hablando de un malentendido, sino de un patrón: Ortega es conocido por su doble discurso, por "aclarar" con la boca pequeña lo que antes ejecutó con mano dura. Y lo más grave: utiliza recursos públicos para justificarse, como si el dinero de los contribuyentes fuera su fondo personal de blindaje mediático.
Pero el detalle que delata su verdadera prioridad no es su negativa, sino su insistencia en que comunicadores con convenios gubernamentales repliquen su mensaje. ¿Es una aclaración o un chantaje light? Si realmente le preocupara la imagen de la administración —y en particular, la de la gobernadora—, trabajaría en transparentar, no en presionar. En cambio, su enfoque es claro: salvar su puesto, aunque eso signifique dejar en evidencia que la comunicación oficial en Tlaxcala se ejerce con más astucia que ética.
Para este oficio —el de manejar la comunicación pública— se necesita tener la cola corta, la piel dura y los blanquillos bien puestos. Ortega, al parecer, no cumple con ninguna de las tres. Y mientras siga confundiendo aclarar con intimidar, su credibilidad seguirá siendo tan frágil como su versión de los hechos.
La pregunta queda en el aire: ¿Realmente cree que los periodistas —y la ciudadanía— le creerán más a un video forzado que a su propia trayectoria?