Este domingo 30 de marzo comenzó un proceso electoral sin precedentes en México: la campaña para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Desde el primer día, las redes sociales se inundaron con flyers, videos y mensajes de las personas candidatas, algunas repartiendo volantes en plazas públicas y otras, con entusiasmo, hasta bailando un son en el sur del país.
Este ejercicio es único y desafiante. La mayoría de las personas aspirantes a jueces, magistrados o ministros han pasado sus carreras entre expedientes y análisis normativos. No han necesitado habilidades políticas como la oratoria o la persuasión. Sin embargo, este nuevo reto les exige desarrollar competencias cruciales para la justicia en tiempos en los que la deliberación pública es más relevante que nunca.
En una reciente conversación, una candidata a ministra lo expresó claramente: "Aprendemos rápido". Y es cierto: estas personas tienen trayectorias académicas e intelectuales excepcionales, por lo que no es difícil imaginar que dominarán pronto este nuevo terreno. Los políticos tradicionales deberían tomar nota: aunque ahora las personas aspirantes sean novatas en la arena política, en el futuro podrían ser expertas en política con una preparación técnica envidiable.
¿Menos dinero, mejor elección?
Más allá del impacto en la forma de hacer campaña, esta elección ha dejado una lección importante sobre cómo reducir los costos de nuestra democracia. En México, elegir un cargo para diputado o senador es extremadamente caro. En 2024, el INE gastó 9,355 millones de pesos para elegir a 628 representantes federales (diputados y senadores), lo que equivale a 14.8 millones de pesos por cada cargo. En contraste, las elecciones judiciales de 2025 prevén un costo total de 4,350 millones de pesos para 881 cargos, lo que reduce el costo a 4.9 millones por cargo.
Si consideramos que el padrón de votantes es de 97 millones 642 mil ciudadanos, el costo por ciudadano fue y será el siguiente:
· En las elecciones federales de 2024, el costo por ciudadano fue aproximadamente 95.81 pesos.
· En las elecciones judiciales de 2025, el costo por ciudadano será aproximadamente 44.55 pesos.
Esto significa que elegir a jueces, magistrados y ministros cuesta tres veces menos que elegir a diputados y senadores. Incluso es llamativo que, para las elecciones de senadores y diputados federales, los partidos políticos reciben financiamiento. Aquí, al no haber partidos políticos, los candidatos autofinancian sus campañas. La pregunta es inevitable: si se puede organizar un proceso electoral con menos recursos y mayor alcance, ¿por qué no replicarlo en futuras elecciones legislativas?
Reglas claras, juego limpio
El INE ha establecido reglas estrictas para esta elección, garantizando equidad y transparencia. Algunas de las disposiciones más destacadas aprobadas el pasado 29 de marzo en sesión extraordinaria son las siguientes:
· No se permiten grandes mítines, templetes ni escenarios costosos. Las reuniones deben ser en espacios abiertos y sin montajes ostentosos.
· No se aceptan aportaciones de amigos o simpatizantes, y el financiamiento debe provenir únicamente de fuentes reguladas.
· Las redes sociales pueden usarse, pero sin publicidad pagada. Se permiten páginas web personales, pero no anuncios ni amplificación de contenido.
· Está prohibida la propaganda en espectaculares, bardas y vehículos rotulados. Solo se permite material biodegradable y prendas con el nombre del candidato.
Estas medidas no solo aseguran la equidad en la contienda, sino que también reducen significativamente los costos de campaña. ¿Se imaginan un proceso electoral donde los políticos tuvieran las mismas restricciones? Seguramente evitaríamos derroches millonarios y elecciones influenciadas por el dinero. Es temprano para concluir. Esperemos los resultados.
Un experimento del que debemos aprender
Independientemente del resultado, esta elección es un laboratorio democrático que nos enseñará mucho sobre nuevas formas de hacer política. Es un recordatorio de que la democracia puede evolucionar, ser más eficiente y accesible sin comprometer la participación ciudadana.
Éxito a todas las personas candidatas. Que este ejercicio sirva para mejorar la justicia y, de paso, replantear cómo elegimos a nuestros representantes.