El trágico suceso ocurrido en Natívitas, Tlaxcala, donde un hombre perdió la vida tras ser linchado por habitantes de la comunidad, ha desatado una ola de controversias, exacerbada por la manera en que el área de comunicación del gobierno estatal ha manejado la información.
El comunicado oficial, que califica al occiso como "responsable" de la sustracción ilegal de una menor, va más allá de los hechos. Al emitir un juicio de culpabilidad antes de que concluya el proceso judicial, se vulnera el principio del debido proceso, un pilar fundamental del Estado de derecho. La presunción de inocencia, un derecho humano fundamental, se ve socavado al presentar al hombre como culpable sin que haya existido un juicio justo.
Esta determinación apresurada no solo pone en riesgo el debido proceso, sino que también revictimiza a la menor involucrada. Al asumir la culpabilidad del hombre, se minimiza el trauma sufrido por la menor y se impide una investigación exhaustiva que pueda arrojar luz sobre las circunstancias del incidente. En lugar de centrarse en la justicia para la menor, el comunicado gubernamental se enfoca en la condena del hombre, ignorando la complejidad del caso y las posibles circunstancias atenuantes.
Además, la comunicación gubernamental contribuye a un clima de polarización y linchamiento mediático. Al presentar una versión parcial de los hechos, se incita a la opinión pública a juzgar y condenar sin tener acceso a toda la información. Este tipo de comunicación irresponsable puede tener graves consecuencias, como la justificación de la violencia y la impunidad.